En la conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, hoy lunes 9 de abril, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, insta a las autoridades competentes a agilizar las investigaciones que se adelantan y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, tal como lo señala la Ley 1448 o de Víctimas y Restitución de Tierras.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, indicó que de acuerdo con la ley 1448 se deben adelantar acciones que se orienten al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
Asistencia sicojurídica a las víctimas
Así mismo, el Defensor del Pueblo destacó que en el marco de la ley 975 de 2005 la Defensoría del Pueblo creó la Unidad de Justicia y Paz que permitió en los últimos 5 años ampliar la cobertura de atención en zonas en las cuales existían limitaciones con la realización de 1.200 jornadas, incluidos talleres psicojurídicos, jornadas interinstitucionales de orientación y grupos de apoyo, en las que participaron alrededor de 200.000 víctimas.
Respecto de la implementación de la Ley 1448 de 2011, la Defensoría del Pueblo creó en el pasado mes de febrero la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado Interno que ofrece un esquema de atención especializado en la asesoría y el acompañamiento en tareas de recepción de las declaraciones.
La atención defensorial a la población desplazada
En el marco del ajuste institucional, la entidad ha creado la Defensoría Delegada para los Derechos de los Desplazados con el fin de contribuir al diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos para la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento.
En el año 2011, la institución contó con un equipo en terreno que brindaba atención y acompañamiento especializado en 23 Defensorías Regionales mediante la figura de los defensores comunitarios, asesores departamentales en materia de desplazamiento, y defensores en zonas de frontera, con el apoyo de la cooperación internacional, específicamente del ACNUR y la Embajada de Suecia, y con recursos de la Nación.
Para la Defensoría del Pueblo resultan de suma importancia los casos de la Comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó y el despojo de tierras en los departamentos de Chocó y Córdoba que han requerido una atención especial por parte de la institución y, por tal razón, se expidió la Resolución Defensorial No. 39 de 2005, sobre la vulneración de derechos humanos por cultivos de palma africana en los territorios colectivos en el Chocó.
En relación con las víctimas del despojo de tierras, la Defensoría del Pueblo expidió, de igual manera, la Resolución Defensorial No. 58 en el año 2010, sobre «Diagnóstico de la situación de acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba» y para el periodo comprendido entre el 2006 – 2010, se advirtieron por parte del SAT 19 situaciones de riesgo a través de 11 informes de riesgo y 8 notas de seguimiento para 12 municipios de ese departamento.
Víctimas del delito de desaparición forzada
En el Registro Nacional de Desaparecidos, se encuentran registradas 68.492 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales se presumen son desaparecidas de manera forzada 17.780.
Durante los dos últimos años el comportamiento respecto de la «desaparición presuntamente forzada», ha sido así: para el 2010 se registran 4173 reportes de personas desaparecidas presuntamente forzados, y para el 2011 2664. Respecto a la cifra de personas que se han ubicado, para el 2010 fueron 133, de las cuales 62 se encontraron con vida y 71 sin vida. Y durante el 2011 fueron 71, de las cuales 40 se encontraron vivos y 31 sin vida.
Víctimas de la violencia sexual
De otra parte, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, expresó que con el propósito de erradicar de las violencias que afectan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, la Defensoría del Pueblo ha priorizado el acceso a la justicia e impulsa actualmente la construcción de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, que contempla dentro de sus ejes estratégicos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Acciones de prevención a través del Sistema de Alertas Tempranas- SAT
Durante los diez años de actividades del Sistema de Alertas Tempranas, esto es, en el periodo 2001 – 2011 se han emitido 1.035 documentos que advierten situaciones de riesgo de probables vulneraciones de derechos humanos de la población civil, que corresponden a 597 informes de riesgo y 438 notas de seguimiento
Los informes de riesgo del SAT han advertido a las autoridades sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales de la población civil de 463 municipios en 30 departamentos del país.
En cuanto a los grupos poblacionales identificados en riesgo, en 380 casos se advierten riesgos para miembros de pueblos indígenas; en 151 casos para miembros de comunidades afrocolombianas, y en 937 casos se registra riesgo para la población campesina, mujeres, niños, niñas y adolescentes, miembros y líderes de las organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, víctimas, periodistas, sindicalistas, servidores públicos, entre otros.
La Defensoría recuerda que advirtió en cinco (5) Informes de Riesgo sobre la vulnerabilidad de los líderes sociales, víctimas y reclamantes de tierras en regiones de presencia de actores armados ilegales.
El Defensor del Pueblo puntualizó que entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país como El Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira, Antioquia, Meta y Tolima, entre otros.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo solicita de los organismos de investigación del Estado adelantar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de los actos de violencia e insta a la autoridades competentes a que implementen medida eficaces de prevención y seguridad para los líderes y sus familias que participan en los procesos de restitución de tierras teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en las regiones y el riesgo que implica el ejercicio de tal actividad.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia