El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, confió en que los Ministros y la Ministra de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sabrán enfrentar el reto que tienen ante sí, en el caso de Florence Cassez, «porque está en juego la posibilidad de tener un sistema de Justicia Penal válido, del que podamos válidamente confiar en que es capaz de decidir entre la inocencia y la culpabilidad de una persona».
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que eso, hoy, nuestro sistema penal no es capaz de hacerlo, y consideró que ya es tiempo de que en México «trascendamos la discusión de la eficacia por una discusión seria en torno a la justicia».
Al participar en una mesa de análisis sobre el Proyecto del Ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de Florence Cassez, señaló la relevancia de que el caso se quede en la Primera Sala por el carácter técnico de la discusión que tiene que darse en el debate entre los Ministros que tienen en sus manos este tema.
«Es un debate técnico que tiene que ver con el debido proceso, y en esa lógica tiene que ser resuelto; es la garantía que tenemos para saber, a través de la argumentación que presenten los Ministros y la Ministra, que se llegó a una convicción a partir del razonamiento jurídico que ellos realizaron, y no a partir de una discusión mediática o de cualquier otra presión».
Negó que exista una oposición entre los derechos de las víctimas y los derechos de las personas imputadas, «es un falso debate que además no deja ver que los derechos de ambos se defienden a través del mismo proceso, y representan obligaciones para el Estado: el Ministerio Público, la Policía, y para quienes son autoridad en el Sistema de Justicia Penal».
Apuntó que, atendiendo a la argumentación que presenta el Ministro Zaldívar, queda claro que ni el Ministerio Público ni los jueces hicieron adecuadamente su trabajo, al poner en entredicho el derecho de la señora Cassez, como presunta responsable, y también el de las víctimas.
Subrayó que las violaciones a los derechos de las víctimas son responsabilidad del Ministerio Público y de servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), que pusieron en entredicho esos derechos con sus actos. «Lo que toca a una Comisión de Derechos Humanos que ejerce su función de defensa de las víctimas es coadyuvar con ellas a que se realicen las denuncias para que se procese y se castigue a las autoridades que pusieron en esta situación sus derechos», abundó.
Dijo que un camino sería abonar a la capacitación de los servidores públicos para que no cometan estos actos, y otro, «acostumbrarnos a que el Poder Judicial sea el que corrija, a través de sus sentencias, las malas acciones de los servidores públicos de la procuración de justicia y de la Seguridad Pública en el país».
Por su parte, el Director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis De la Barreda Solórzano, señaló que la víctima quiere justicia, y justicia es que se castigue al responsable, y no que se invente uno.
Consideró que los testimonios de las víctimas, que están en el expediente, son contradictorios, y por lo menos hay una falsedad. Dijo que a eso hay que agregar que se quiso hacer pasar la detención de Florence como una detención en flagrancia, lo que resultó falso. «Ningún juez que hubiera analizado escrupulosamente las pruebas del expediente, se hubiera atrevido a condenar».
El Profesor de Derecho de la UNAM, Miguel Carbonel, señaló que si la base probatoria que incrimina a Florence Cassez es de tal forma débil, precaria y sostenida con «alfileres», la reposición del procedimiento no cabe, no se puede reponer el procedimiento cuando no hay elementos y cuando las violaciones son «materiales», de acuerdo al Proyecto del Ministro Zaldívar.
Al referirse a la violación al derecho de asistencia consular, señaló que «los formalismos, desde luego que importan», y «no era tan difícil de cumplir las formalidades, fue un desdén, fue una negligencia, fue una falta de cuidado y de respeto, que en beneficio y protección de todos los mexicanos, no se puede permitir, porque todos estaríamos en riesgo».
A su vez, la Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magalon,i indicó que el caso de Florence Cassez pone un espejo de las prácticas con las que funciona nuestro Sistema de Justicia.
«Durante la fase de investigación se cometen tantas arbitrariedades que cuando llegas al juicio ya no se sabe cómo poner orden en ese desaseo. ¿Por qué hay tres sentencias condenatorias en el caso de Florence Cassez? Porque los jueces condenan en México, ese es el Sistema; el 85% de las sentencias en México son condenatorias, según datos del INEGI, con todas las irregularidades que se pueden ver».
Planteó que casos como el de Acteal, de Jacinta, Alberta y muchos otros casos llegan a la SCJN porque no hay jueces que los protejan abajo. Añadió que la Corte ahora tiene la capacidad de empezar a generar una nueva cultura judicial, y esa es su relevancia hoy.
«La posibilidad de establecer hacia los jueces nuevas formas de razonar el derecho, nuevas formas de concebir su papel, ya no son los ratificadores de la acusación, son los árbitros imparciales y deben tener autoridad para actuar en forma neutral frente a las dos partes, tienen que proteger la calidad de la evidencia, tienen que asegurarse de la presunción de inocencia y asegurarse que nadie moleste a la víctima ni abusen de ella», comentó.
El ex Canciller Jorge Castañeda se refirió al apartado del proyecto del Ministro Zaldívar, sobre el no aviso al Consulado francés de manera oportuna en el caso de Florence Cassez, es decir, el incumplir con la Convención de Viena de protección consular. Mencionó el Caso Avena (2003) llevado por el Estado mexicano ante la Corte De la Haya, respecto al caso de 52 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, quienes no habían tenido derecho a la protección consular.
Destacó la importancia que tiene para México la Convención de Viena y la protección consular, ya que México es el país del mundo que tiene la mayor proporción de sus habitantes viviendo fuera de sus fronteras, cerca del 11%. Estuvieron presentes también el activista Eduardo Gallo y el Presidente del Colegio de Notarios, Ignacio Morales Lechuga.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México