La defensora del pueblo -Gabriela Ramírez- comentó que las víctimas y sobrevivientes de violaciones sistemáticas de los derechos humanos (DDHH) durante el período 1958-1998 han hecho saber que no buscan ninguna indemnización por parte del Estado.
“Ellos lo que necesitan es la restitución de la verdad y la justicia. Actualmente existe la ley sancionada por la Asamblea Nacional que va a permitir conocer las circunstancias en que se dieron los hechos y los responsables de esos actos para hacerlo de conocimiento público, y finalmente emitir un informe”. Así lo expuso Ramírez en el conversatorio “Masacre, tortura y otras violaciones a los derechos humanos en el período 1958-1998”, en el marco de la Semana de los DDHH.
La representante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos indicó que el foro de hoy es “se realizó para generar conciencia y rescatar la memoria de algunos casos trágicos en la historia de nuestro país”. El conversatorio contó con la presencia de Alberto Lovera -hijo del ex dirigente político venezolano Alberto Lovera Álvarez-, el historiador Vladimir Acosta, Pedro Pablo Linares -antropólogo-, Luis Machado y Ricardo Ochoa, con experiencias testimoniales de los casos Yumare y Cantaura, respectivamente.
Lovera aseguró que hoy en día se puede afirmar que el país está libre del “Terrorismo de Estado” y aseguró que “sólo con la defensa militante de los DDHH se derrotará si este volviese”. Por su parte, Linares destacó que “la memoria es muy manejable” y que Venezuela debe estar alerta ante la tergiversación de la verdad por parte de algunos medios de comunicación. También hizo mención de algunos hechos de masacre y torturas en el interior del país y de poca difusión como los casos de “Yacambú, El Coco, Santa Lucía y otros que no pueden quedar en el olvido”.
Asimismo, Machado y Ochoa denunciaron la impunidad de la cuarta República y se esperanzaron ante la quinta por existir “señales de justicia”. Finalmente, la Defensora del Pueblo invitó a la sociedad venezolana a “recomponernos y reconocernos en esas historias” para evitar que se repitan en el futuro.
Comisión de la Verdad está próxima a instalarse
La defensora del pueblo Gabriela Ramírez informó hoy que los representantes del Gobierno están en ciernes del nombramiento de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que se encargará de investigar los hechos de vulneración de los derechos humanos ocurridos en el período 1958-1998.
“Tenemos algunas designaciones pendientes dentro de las instituciones del Estado que nos van a permitir avanzar”, afirmó Ramírez, quien indicó que la principal tarea de esta Comisión será sistematizar y aclarar las circuntancias en las que ocurrieron los hechos, dictar un informe final y hacer justicia “en base a la verdad que vamos a hallar en este trabajo de investigación”.
La información la dio a conocer durante el foro “Terrorisimo de Estado y Derechos Humanos” que se realizó este miércoles -en en Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional- en el marco de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos que adelanta la Defensoría del Pueblo. “Estamos trabajando en la conformación porque es una comisión muy amplia. Tiene 10 representantes por los familiares y víctimas, 4 representantes del Ejecutivo Nacional, 3 del Parlamento y 2 del Poder Ciudadano. Pero lo más importante es la voluntad política y el cese de las circunstancias que propiciaron la violación de los derechos humanos”, afirmó.
Asimismo, refirió que en el foro participaron los sobrevivientes y víctimas de las masacres ocurridas durante las cuatro décadas, en el marco del impulso de la Ley de la Verdad. “Hemos hablado sobre la sistematización de los crímenes, de la necesidad de que surja a la opinión pública la verdad y también rememorar que no fueron sólo el derecho a la vida y a la integridad física, nosotros vivíamos en esa época desalojos y despidos masivos”.
“Queremos contrastar estos escenarios con los proyectos políticos que están en el ambiente y las propuestas para la población venezolana para que las personas puedan tomar la mejor decisión”, indicó. Al evento asistieron el periodista José Vicente Rangel, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el magistrado Juan José Mendoza, el investigador del Centro Nacional de Historia, Aldemaro Barrios y la diputada Marelis Pérez, entre otros.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela