El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó hoy al Poder Ejecutivo para que se cumpla con aprobar la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, en el mes de junio del año pasado.
Esta norma fue observada en su oportunidad porque vulnera el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables.
Por ejemplo, se exige – sostuvo el Defensor – que los padres de personas asesinadas o desaparecidas tengan más de 80 años y se encuentren en situación de desamparo material, y que las esposas, esposos o convivientes deban tener más de 65 años, “sin considerar los casos de personas con enfermedades graves que necesitan de manera prioritaria acceder a estas reparaciones, agregó.
“Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas del terrorismo de manera integral y, cumplir con los compromisos asumidos. De acuerdo con la Ley Nº 28592, la Comisión Multisectorial –CMAN, tiene a su cargo formular las políticas del Estado en reparaciones y fue dicha Comisión la que propuso la modificatoria del mencionado decreto”, explicó e funcionario.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que su institución ha cursado sendas comunicaciones a diversas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como han sostenido reuniones con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y Economía y Finanzas, a quienes se les han hecho conocer su preocupación por las dificultades que enfrentan las víctimas de la violencia, solicitando la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011- PCM.
“Todos rechazamos el terrorismo de la manera más enérgica, pero a la vez, el Estado debe hacer los esfuerzos necesarios por atender a las miles de viudas, madres y padres, hijos e hijas de valerosos miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, comités de autodefensa y población civil que sufrió de manera directa el periodo de violencia”, dijo la funcionaria.
Vignolo recalcó que a la fecha ninguna víctima ha recibido reparaciones integrales, asimismo aún subsisten problemas en la implementación de las reparaciones en salud y educación. Por ejemplo, en el Sistema de Aseguramiento Universal las víctimas tienen problema de afiliación y cobertura; mientras que en educación aún no se encuentra con un programa específico que atienda sus necesidades.
La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo, en especial al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que en el más breve plazo se adopten las medidas que deban reimpulsar decididamente el proceso de reparaciones en el país y, se tomen en consideración las sugerencias y propuestas que las diferentes organizaciones de afectados a nivel nacional vienen realizando.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú