El sábado 17 de diciembre se cumplieron 25 años del magnicidio de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, crimen y atentado contra el periodismo que se suma a la gran lista de delitos que en Colombia continúan en la impunidad. La investigación ha estado condicionada por un marco escabroso de actos de violencia, cuyo fin es el de impedir la actuación de la justicia.
Pocas semanas después del crimen, fueron acribillados los autores materiales. El abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez, quien brindó un apoyo invaluable al caso, fue asesinado el 29 de marzo de 1989 cuando se dirigía a uno de los juzgados a insistir en sus pesquisas. Casi enseguida la jueza Consuelo Sánchez marchó al exilio, no sin antes cerrar la investigación acusando a Pablo Escobar y su red de sicarios.
El expediente llegó a manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, quien confirmó la decisión y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. La investigación pasó al despacho de la jueza sexta de orden público de Medellín, Myriam Rocío Pérez, quien también ratificó la decisión, murió acribillada por sicarios junto a sus tres escoltas.
Desde entonces el proceso pasó de despacho en despacho, hasta el mes de agosto de 1995, cuando se profirió sentencia. El fallo impuso 25 años de prisión a un sujeto que nunca apareció y 16 a Luis Carlos Molina Yepes, miembro del cartel de Medellín, quien recuperó su libertad luego de cumplir sólo seis años de la condena impuesta, esto es, las tres quintas partes de la pena.
Delito de lesa humanidad
A partir de ese momento no hubo ningún avance en la investigación, hasta que el 2 de julio de 2010, la Fiscalía General de la Nación dictaminó que la muerte violenta de Guillermo Cano Isaza “tiene el carácter de delito de lesa humanidad” y, por lo tanto, es imprescriptible; pues consideró que se “trató de un plan sistemático de parte del cartel (de las drogas) de Medellín, (que era) liderado por el narcotraficante Pablo Escobar”.
A pesar de la importancia de esta decisión, no se registran avances en la judicialización de quienes habrían participado en este infame asesinato, el mayor atentado contra la libertad de prensa en Colombia. Por ello instamos a las autoridades judiciales a redoblar esfuerzos que permitan esclarecer los hechos que rodearon el magnicidio del periodista Guillermo Cano, quien se distinguió en vida por su lucha contra la corrupción, la influencia nefasta del narcotráfico, la defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de los colombianos
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia
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