“Hacemos una denuncia penal contra la Dra. Tamara Pérez Balda, Secretaria de Hidrocarburos de la provincia por presunta comisión de ilícitos penales que estarían tipificados en los artículos 168 inc. tercero y 249 del Código Penal”, manifestó la Defensora del Pueblo en rueda de periodistas frente a las puertas del Ministerio Público de la provincia.
“Además –dijo la Dra. Piccinini- consideramos que la Dra. Pérez Balda a incumplido la Ley de Ética Pública en su articulo 6 porque no presentó la declaración jurada de sus bienes personales y esta declaración jurada la brindó tres años después de haber asumido el cargo como, en principio, Directora y, después, Secretaria de Estado”. “En esta presentación tardía que hace Pérez Balda, presenta la propiedad de una chacra que no la acredita porque no presenta ni siquiera un solo papel que pueda decirnos a nosotros que es la dueña, declara un departamento de su propiedad en Mar del Plata que después resulta que no es de ella, dos plazos fijos muy importantes en dólares, un plazo fijo en el Banco Patagonia que, al tiempo de nuestras investigaciones, era de 50 mil 134 dólares y 7 mil 328 dólares en el Banco Santander Rio”, precisó la Defensora Pioccinini.
“Pérez Balda cobra un sueldo mensual de alrededor de 4600 pesos declarado por ella, incluyendo el sobresueldo, entonces a nosotros nos llama poderosamente la atención cómo con ese sueldo ella ha podido ahorrar semejante fortuna en dólares”. Agregó además la Defensora del Pueblo: “Ella presenta los saldos bancarios a la época de su justificación de sus bienes y nadie nunca le pide el histórico bancario. Obviamente la señorita Pérez Balda ha ido a retirar el dinero y ha presentado lo que ha quedado como saldo de su cuenta que no se condice con estos primeros números que nosotros tenemos en nuestra investigación”.
“Tenemos que recalcarle a la gente –indicó la Dra. Piccinini- que la señora Tamara Pérez Balda maneja una de las áreas más sensibles económicamente del Estado Provincial porque maneja todo lo que significa los contratos petroleros, la concesión de áreas de exploración y la concesión de áreas de explotación de petróleo. Esto lo viene manejando hace cuatro años”.
La Defensora del Pueblo expresó que “también está violando la Ley de ética pública cuando nosotros la denunciamos penalmente igual que a Savini, que es e Secretario de Control de Empresas Públicas, porque ella como Savini integran un órgano de control de las empresas públicas y ella maneja toda la influencia y toda la información que después sirve para aconsejar al Gobernador, para darle a una empresa privada un área de explotación y explotación o no, ellos dos son, a su vez, Presidente él y Vicepresidente ella de la empresa que negocia, comercia, explora y explota el petróleo en la provincia de Río Negro, ahora ella está de presidenta de esa empresa porque Savini renunció después de todas nuestras presentaciones no hizo la gentileza de tener un poco de pudor y renunciar pero quedó ella con una ventaja extraordinaria para con el resto de las empresas privadas que quieren explotar ese recurso de la provincia”.
“Tamara Pérez balda en mayo de 2009 decía, desfachatadamente para el Diario Noticias de la Costa, que si ella no podía ahorrar en el tiempo que llevaba en el cargo 50 mil dólares se tenía que dedicar a otra cosa”. “¿Esas son las expresiones -se preguntó la Defensora- de alguien que vive según todos los cálculos, con mil quinientos pesos por mes?”.
“En fin, nosotros le pedimos al fiscal que investigue si incurre en el incumplimiento de los deberes de funcionario público y si no estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito”. La Defensora Piccinini también indicó que “si uno se pone a analizar el trabajo del fiscal Berraz, la investigación que hizo podría resumirla vulgarmente como que pone el guiño para la derecha y dobla a la izquierda, es decir tiene todos los argumentos para promover el traslado de las investigaciones al fiscal en grado para que haga la investigación que ahora nosotros le estamos pidiendo y la libera de culpa y cargo diciendo que estaría acreditada su situación patrimonial, que no violó la ley de ética, que no violó el Código Penal y que todo está bien”.
FUENTE: Defensoría del Pueblo. Provincia de Río Negro, Argentina.