Las recientes elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 permitenconstatar una bajísima participación de los españoles que residen permanentemente en el extranjero. Si la participación general ha superado el 73%, la de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)no ha alcanzado el 5%. Tampoco se alcanzó esta modesta participación en las anteriores elecciones generales (20 de noviembre de 2011).
Ciertamente, no podemos comparar entre sí estos datos (es siempre mucho menor el interés electoral de quienes residen fuera del territorio nacional, con respecto a quienes residen dentro, como demuestra el acumulado histórico de cifras). Pero sí podemos comparar esta participación electoral con la de los Residentes Ausentes en otras elecciones generales. El máximo histórico se produjo en 1989 (36,15 %). En las últimas elecciones generales antes de la reforma electoral de 2011, las del año 2008, la participación fue del 31,74 %.
El efecto combinado del llamado “voto rogado” (hay que solicitar el voto cada vez que hay una convocatoria electoral, la solicitud no sirve para la siguiente ocasión) y la participación en la remisión de las papeletas de servicios de correos de otros países, ha desplomado la participación, desde valores por encima del 30 % a valores por debajo del 5%.
La reforma electoral de 2011, fruto de amplio consenso, pretendió introducir mayor rigor en el voto por correo desde el extranjero. Sin duda lo consiguió, pero con un efecto colateral no deseable: lareducción drástica de la participación de los electores.
Ha de salvaguardarse siempre la pureza del sufragio fomentando, al mismo tiempo, la participación. Por ello, sería conveniente que los grupos políticos con representación parlamentaria reflexionaran sobre la situación descrita y acordasen medidas, que habrían de tener el máximo consenso: se trata de reglas fundamentales de la democracia y del derecho a la participación política en condiciones de igualdad (artículo 23 de la Constitución) de 1.875.272 ciudadanos españoles.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España