El balance de lo ocurrido durante el lapso de trece años, desde la visita de la ex relatora Especial Ofelia Calcetas Santos, a la llegada de la actual Relatora Especial de Naciones Unidas Sra. Najat M´jid Maalla, han ocurrido importantes cambios; algunos problemas identificados en su momento fueron superados, pero otros como el de la violencia intrafamiliar o la desatención a niñas y niños en la calle, persisten de forma aguda o han generado problemas sociales de gran magnitud que el Estado guatemalteco no ha sido capaz de superar, señaló el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.
Muchos de quienes en 1999 eran niños en la calle engrosaron las filas de las bandas juveniles o maras, cuya proliferación se convirtió en asidero de violaciones a los derechos fundamentales de la infancia del país, entre ellas los de explotación sexual y trata de personas.
Lo anotado – con anterioridad – es parte de lo vertido en el informe que presentó en su momento el Magistrado de Conciencia a la Relatora Especial de Naciones Unidas Sra. Najat M jid Maalla, cuyo informe se concentra en dos aspectos de la problemática; a partir del reconocimiento de los cambios ocurridos en las agendas internacional y nacional de derechos humanos. Las herramientas conceptuales utilizadas hace 13 años, que se han perfeccionado y desarrollado.
Además de la incorporación de acciones y prácticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos en asuntos que hace una década no eran tan apremiantes como lo que es hoy la Trata de Personas, al mismo tiempo que ha hecho esfuerzos por actualizar su conocimiento, atención e incidencia en temáticas que están en proceso de incorporación al que hacer de las instituciones de los Ombudsman de todo el mundo.
El referido informe constituye un valioso aporte al trabajo que desarrolla la Relatora Especial en Guatemala y también una contribución para las instituciones nacionales y las organizaciones sociales ocupadas en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, para que la utilicen constructivamente la detallada investigación, sus conclusiones y recomendaciones contenidas en el mismo.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala