COSTA RICA: La Defensoría respalda la austeridad en los presupuestos, sin que ello implique debilitar los servicios ofrecidos a los habitantes

La Defensoría de los Habitantes considera importante que el país entre en un proceso de austeridad presupuestaria en materia de gastos, pues es bien sabido, que existe un problema fiscal que debe ser entendido y atendido, eso sí sin que estos recortes impliquen un debilitamiento de los servicios que se ofrecen a los usuarios por parte de las instituciones ni se afecte el pleno goce de los derechos de las personas.

Para la Defensoría cualquier recorte o disminución en el presupuesto realmente debe ir dirigido a un verdadero control de gastos de partidas superfluas y no a disminuir las capacidades de las instituciones para la atención de las comunidades ni una disminución en la calidad de los servicios.
El presupuesto, en criterio de la Defensoría, debe ser visto no solo como una previsión de ingresos y gastos, sino como la materialización de las prioridades del Estado, y más aún cuando se trate de asuntos que requieren la atención inmediata de las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

«Quienes administramos fondos públicos debemos estar comprometidos con su uso eficiente, cumpliendo con estándares de calidad y de satisfacción de los usuarios. Creo importante que todos colaboremos en hacer los ajustes que se requieren, sin que ello implique que se pueda dejar desprovisto labores que permitan mejorar la atención a los y las habitantes por parte de las instituciones. Debe existir un equilibrio: los recortes son necesarios en la medida que no afecte la prestación esencial de los servicios.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones con las personas y esto no es una opción», dijo esta tarde, la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.

En ese sentido es necesario asegurar un avance progresivo en el goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, que implica por lo tanto, la obligación de inversión en aquellos aspectos básicos que se requieren para la prestación adecuada, oportuna y con calidad de los servicios a los usuarios.

La Defensoría espera que el Poder Ejecutivo entregue hoy una propuesta de reducción de gasto acorde con la situación actual del país, y apunte a un manejo operativo del presupuesto dirigido a satisfacer las necesidades e intereses de los habitantes en el mejoramiento de la calidad de los servicios.

Atención de usuarios y calidad de los servicios no pueden verse afectados

La Defensora manifestó que sería un error que existan recortes en partidas que debiliten el trabajo de las instituciones, por ejemplo, en zonas fuera de San José o en comunidades con mayores índices de pobreza, de ahí que hay que valorar con detenimiento cada uno de los casos. Por ejemplo, debe valorarse, las implicaciones en una reducción en el pago de jornadas extraordinarias a personal como choferes que acompañan a funcionarios en inspecciones para verificar denuncias de los habitantes; también debe haber cautela en recortes con partidas que impliquen mantener el servicio habilitado en comunidades; si existen o no contratos ya firmados, porque más bien generaría un efecto contrario y provocaría problemas de funcionamiento de las instituciones hacia el público.

«En el caso de la Defensoría, nuestra gestión presupuestaria es de más del 94 por ciento, lo que implica un manejo eficiente y racional del presupuesto, pero si se desea hacer un recorte en el presupuesto, que el mismo no afecte los servicios que se ofrecen para los usuarios. La Defensoría defiende a personas en situaciones económicas muy difíciles, de zonas alejadas del país, y requerimos de revitalizar partidas para hacer efectiva esa defensa de los habitantes.

Que la tijera esté bien afilada para los gastos innecesarios, donde haya duplicidad de funciones en instituciones, y que no aportan nada a la calidad de los servicios, pero que ese filo no corte las capacidades de las instituciones que requieren de partidas para mejorar el servicio al público», agregó la Defensora.

 

FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica