La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que consideren la asignación de recursos suficientes al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), con el fin de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a las funciones que le fueron conferidas a los Jueces de Ejecución, como parte de la Reforma del Sistema de Justicia Penal.
La Reforma Penal Constitucional ha sido fundamental para que los Jueces de Ejecución ejerzan plenamente sus facultades y para limitar las del Ejecutivo en la administración de las prisiones, así como para fortalecer la división de poderes al delimitar sus respectivas funciones. El Poder Judicial, a través de los Jueces de Ejecución, podrá supervisar la aplicación de las penas alternativas a la prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena y, en general, controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de las penas.
De igual forma, corresponde a los Jueces de Ejecución salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad dentro del régimen penitenciario. Ya en el 2002, a través de su Recomendación 2/2002, la CDHDF recomendó la elaboración de un Reglamento de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales, así como la creación de un Reglamento de la Ley de Ejecución de Sentencias Penales del Distrito Federal.
Desde entonces, este Organismo puntualizó que se requería asignar personal suficiente, debidamente capacitado y con los recursos necesarios para iniciar de oficio el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada. Sin embargo, a pesar de la importancia de la figura de los Jueces de Ejecución del TSJDF, cuyas funciones entraron en vigor en junio pasado, únicamente dos Juezas de Ejecución entraron en funciones.
Al respecto, el Magistrado Presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, declaró que ambas Juezas están al borde del colapso en su operatividad, con 700 y hasta 800 expedientes en trámite cada una de ellas, además de que la saturación de solicitudes de beneficios no ha permitido que la figura del Juez de Ejecución realice un control real e integral sobre la ejecución de la pena.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México