Las y los jóvenes de la capital del país reclaman una política integral para su atención y no leyes más duras, dijo el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, al advertir que: “En la guerra contra el crimen organizado hay una tendencia muy marcada de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a generar normatividades de mano dura, más fuertes”.
Al participar en la presentación del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Juventudes en el Distrito Federal, elaborado por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., dijo que muestra de lo anterior son las propuestas para recrudecer las penas a los menores adolescentes en conflicto con la ley.
Ya en 2008, agregó, en su Recomendación 11/2008, sobre el Caso New’s Divine, la CDHDF recomendó construir una política integral hacia las juventudes, con un Consejo Ciudadano Participativo en el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, que aunque se integró nunca ha sesionado.
A partir de la aceptación y en cumplimiento de los puntos recomendatorios, dijo Patrón Sánchez, “Tampoco se ven con claridad rubros asociados a la educación, no existen datos estadísticos de analfabetismo, nivel educativo, escolaridad, ni la estrategia para garantizar el acceso a la educación. Salud, seguridad pública, acceso a la justicia, vivienda, organización y participación juvenil, recreación, cultura, tiempo libre o espacios públicos. Son rubros que todavía son cuentas pendientes y que generan que no exista una política integral hacia la juventud en la ciudad de México”.
Dijo que aunque el Caso New’s Divine fue emblemático, no es el único en términos de una política “criminalizante” de la juventud.
“En abril y junio de este año, la CDHDF inició quejas por operativos en fiestas clandestinas; de las cuales se observó, durante su investigación, que se ejecutaron detenciones colectivas de jóvenes que fueron trasladados al Ministerio Público, bajo la calidad de víctimas o testigos, y que después de horas de incomunicación se les determinó otra situación jurídica”.
Se persigue el llamado delito de “corrupción de menores”, señaló el Primer Visitador: “Pero desde la CDHDF tenemos la convicción de que el derecho penal no es necesariamente la solución a los problemas de las y los jóvenes, sino una política integral, que tenga que ver con espacios públicos y atienda de origen un tema estructural”.
Sobre el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Juventudes en el Distrito Federal, coordinado por Clara Meyra Segura y Angélica Gay Arellano, quienes dieron los pormenores del documento, Patrón Sánchez lo reconoció como una muestra del derecho de las y los jóvenes a la participación, en un país donde estamos acostumbrados a ejercerlo desde una visión “achicada” y limitada al tema electoral.
El Informe de jóvenes para jóvenes, insistió, ofrece una construcción conceptual de la juventud, no como un antagonismo a la adultez ni mucho menos a la infancia, sino porque son los mismos jóvenes quienes evalúan y construyen sus alternativas y quieren participar en aquellas políticas que centralmente, de alguna manera, condicionan sus vidas.
En su concepto de las juventudes, dijo, desde una perspectiva género-sensitiva, reivindican a las distintas identidades, como consecuencia de un mosaico de diversidades, porque no hay una sola manera de ser joven y porque sabemos que la discriminación que enfrentan se relaciona con sus circunstancias y la visión que de ellas y ellos se tiene.
Lo que nos dice el Informe, agregó, es que tenemos una juventud estigmatizada socialmente: el joven como problema, el joven invisible, como consumidor, como instrumento de mercadotecnia, el joven “ni-ni” al que se le traslada la responsabilidad sobre el no ejercicio de sus derechos.
“Pero no se ha hecho un diagnóstico sobre las oportunidades que tienen para ejercer sus derechos a la educación y al trabajo, sobre las oportunidades del contexto social, cada vez más desarticulado desde el núcleo familiar”, cuestionó.
Además de la coordinadoras del Informe, acudieron también a su presentación el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos a la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García; y el Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, AC., Miguel Concha Malo.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México