El 23 de febrero pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó públicamente al proceso de selección y elección de la Defensora o Defensor del Pueblo.
Este evento que está a cargo primero, de la Comisión Mixta de Constitución en el proceso de selección y, después de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la elección, no puede pasar desapercibido por tratarse de una entidad que se ha arraigado en el ordenamiento jurídico de nuestro país a partir de su creación constitucional hace 16 años y de su efectivo funcionamiento hace 11 años y ha trabajado para instalar sobretodo, en la conciencia de la gente como elemento básico, el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, único lugar donde los procesos son en verdad irreversibles.
En esa medida el rol de la Defensoría del Pueblo resulta clave en el proceso aun sin concluir de democratización de nuestro país. Las miles de quejas que recibimos cada año son la radiografía de nuestros Estados, un insumo indispensable para cualquier plan de reforma de la administración pública; el trabajo sostenido con poblaciones vulnerables con las que avanzamos en el ejercicio de sus derechos (personas con discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas que viven con VIH, migrantes y otros) posibilita que éstas demanden al Estado sus derechos con propia voz. Los procesos educomunicativos con servidores públicos, Policía y FF.AA, organizaciones y sistema educativo generan poco a poco cultura de DDHH y promoción cada vez más activa de estos derechos. Las Investigaciones de Oficio, entre muchas otras, sobre empadronamiento en el Chaco o mujeres en situación de prostitución revelan temáticas que obligan a profunda reflexión y efectiva acción estatal. La preferencia por el diálogo sustentado en principios y acompañado de fórmulas prácticas a la solución de los problemas es también una prueba inobjetable de nuestra apuesta pacificadora. Finalmente, y cuando la magistratura de la persuasión no tiene eco, la interposición de acciones constitucionales permite la reparación de derechos vulnerados.
En suma, la Defensoría del Pueblo enriquece la democracia y estimula la vida ciudadana. Que nadie sienta que tiene todo el poder o que carece absolutamente de él. En un país de ciudadanos y ciudadanas, la persona humana investida de derechos y deberes es la gran protagonista.
Sin embargo, los esfuerzos de esta institución no fructificarían si no fueran sustentados en uno de sus valores esenciales: la autonomía.
Por ello las cualidades de la institución tendrán que ser reflejadas en su máxima autoridad: independencia política partidaria; ecuanimidad para valorar los hechos e intransigencia para defender los derechos vulnerados.
En este momento se precisa que la ciudadanía, a quien se debe la institución, proponga a las mejores candidatas y candidatos y que se constituyan en celosos vigilantes del proceso de selección y elección.
Rielma Mencias Rivadeneira
DEFENSORA DEL PUEBLO EN SUPLENCIA LEGAL
