El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló hoy que el intento de burlar el sacrificio de las personas con discapacidad que marcharon 400 kilómetros, reivindicando una demanda legítima y factible “es un acto inhumano, ilegal y contrario a todo principio ético y moral”.
Villena indicó que causa sorpresa, indignación y amargura cómo el aparato represivo del Estado se ensañó durante más de tres semanas en contra de un puñado de 200 personas con discapacidad, primero “intentando descalificar y mancillar la movilización con todo tipo de acusaciones que iban desde señalarlos como instrumentos de la derecha, hasta involucrarlos en afanes desestabilizadores y conspirativos”, hasta “desplegar contra ellos una de las campañas de propaganda más intensiva y destructiva que se haya visto en los últimos años, pagada con recursos públicos”.
El Defensor se refirió también a la estrategia de desmovilización y división que “involucró instrumentalizar un grupo paralelo con el que se firman acuerdos espurios que no tocan la demanda de la movilización”; al constante hostigamiento en varias poblaciones, de los grupos afines al partido de gobierno durante su marcha; al uso de agentes químicos para reprimirlos; a las mentiras, amenazas e incluso detenciones contra quienes los apoyan y auxilian, así como a la decisión de colocar un gigantesco y aparatoso enrejado metálico “que no solo constituye una vergüenza para un gobierno que se dice emergente del pueblo, sino que es inédito en la historia de Bolivia y se aplica contra “los más vulnerables entre los vulnerables”. Se ha tratado a esta movilización, dijo el Defensor, como se trata a un grupo de enemigos y no como a ciudadanas y ciudadanos con derechos.
La autoridad dijo además que en esta movilización se están cometiendo abusos y excesos que violan los derechos a la libre expresión, al trabajo de la prensa y a la libertad de información, “y se lo hace de manera flagrante e impune, sin que ninguna autoridad del Ministerio Público considere cuando menos indagar estos delitos”.
Villena explicó además que las acciones contra las personas con discapacidad, vulneran el artículo 71 de la Constitución Política que prohíbe y sanciona cualquier tipo de maltrato y violencia a toda persona con discapacidad y el artículo 24 que establece que “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta”.
Asimismo, ignora el principio de “ajustes razonables” establecido en la Ley 223 de las Personas con Discapacidad, por el cual se aplicarán modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a éstas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Por otro lado, la Autoridad explicó que la demanda planteada por las personas con discapacidad se sustenta en el artículo 4 de la Ley 223, especialmente en el principio de Asistencia Económica Estatal por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave y el artículo 49 de la misma normativa que determina que el Estado debe promover todas las formas de auto organización de las personas con discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, económicas y garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de políticas públicas permanentes sobre discapacidad”.
Finalmente, indicó que en lugar de reprimir, descalificar y levantar cercas y barreras, el deber del gobierno es escuchar las demandas del pueblo, darles respuestas y encontrar juntos una solución. “El Presidente y sus ministros deben aprender que lo importante no es crear estrategias para derrotar, sino construir caminos para avanzar juntos, escuchando las demandas y encontrando soluciones, basadas en el cumplimiento de la Ley y guiadas únicamente en el interés por el beneficio de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan”, manifestó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia