Ante la Sala Plena del alto tribunal, el Defensor del Pueblo insistió en la declaratoria de emergencia social para enfrentar el hacinamiento en las cárceles y alertó sobre las terribles consecuencias de la minería ilegal para la población chocoana y el medio ambiente.
Durante una audiencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró, una vez más, su llamado para que el Gobierno Nacional decrete la emergencia social para enfrentar la crisis carcelaria y volvió a visibilizar la preocupante amenaza de la minería ilegal, que se vive particularmente en el Chocó.
«Yo he dicho que la única alternativa que nosotros observamos sería la emergencia social, para que el Gobierno con la firma del Presidente y de todos sus ministros genere unos recursos adicionales y además se tomen decisiones frontales para enfrentar esta problemática», agregó.
Otálora Gómez señaló además que «no hay que imponer tanta medida de aseguramiento» porque en Colombia se priva de la libertad a las personas antes de ser condenadas, para que posteriormente un juez de la República las termine declarando inocentes. Esta situación ha llevado a que el Estado actualmente enfrente demandas por 22.8 billones de pesos.
«Cuando la Corte Constitucional declaró, en 1998, el estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario había un hacinamiento de 30 mil internos; hoy el hacinamiento supera los 40 mil reclusos», señaló el Defensor del Pueblo.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo propuso que la medida de aseguramiento debe imponerse solo para delitos de alto impacto para la sociedad como acceso carnal, homicidios, secuestros, etc.
«Pero hay un grupo importante de delitos que con medidas restrictivas como que le quiten el pasaporte, le prohíban salir del país, que se presente ante un funcionario judicial permanentemente y que se garantice con una fianza, enfrente el proceso penal y, solo si al final del proceso es vencido en juicio y lo condenan se haga efectiva una condena como tal, y no que se prive a una persona meses y años para que finalmente se le diga que es inocente, que es lo que está pasando hoy en día», dijo Otálora Gómez.
Minería ilegal
Esta es, quizás, una de las problemáticas más graves que aqueja al Chocó, porque está acabando con lo poco que les queda a sus habitantes: su tierra y sus ríos (Ver diagnóstico de la crisis humanitaria en Chocó).
«En este departamento del pacífico colombiano, según cifras oficiales, el 98% de la minería es ilegal. Y ese es otro de los graves problemas de estas actividades extractivas que arrasan sin piedad los ecosistemas en este departamento, porque no hay responsables de esta práctica delictiva, no hay a quién dirigir una demanda por perjuicios, porque es gente que lo está haciendo al margen de la ley, y es más preocupante porque hay ausencia del Estado frente a ese escenario», puntualizó el Defensor.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia