Luego de recorrer los barrios marginales del norte de la capital chocoana constató que varias comunidades de desplazados llevan cerca de 13 años en estado crítico, sin acceso a los mínimos básicos, ni servicio de agua potable, ni salud, ni educación.
Durante su segundo día de visita al Chocó, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, recorrió esta mañana los barrios Villa España, Samper, El Futuro y El Reposo, en Quibdó, donde están concentrados los principales asentamientos de población desplazada, víctima del conflicto que ha arribado a la capital chocoana.
Allí alertó sobre la difícil situación que viven los habitantes de 29 barrios del norte de la ciudad. De los 115.000 habitantes de la ciudad, en dicha zona se ubican alrededor de 37.000 personas, de las cuales cerca de un 90% ha sido víctima de desplazamiento.
A juicio del Defensor Otálora Gómez, no tiene justificación lo que está pasando con esta poblaciónvíctima, ya que «se les trajo por seis meses y llevan cerca de 13 años en unas condiciones muy difíciles, porque no cuentan con acceso a los mínimos básicos, ni servicio de agua potable, ni salud, ni educación».
En su recorrido por las calles de Quibdó, el Defensor Otálora Gómez evidenció la precariedad en el derecho al acceso a los servicios públicos básicos, como el acueducto. El funcionario ingresó a algunas casas donde los ciudadanos han tenido que improvisar sistemas de almacenamiento y aprovisionamiento artesanal de agua a través de baldes que simulan tanques, en los que se recoge el agua lluvia.
Este líquido lo utilizan tanto para el aseo como para la preparación de alimentos, sin que haya un proceso de tratamiento del líquido o de limpieza y mantenimiento de los tanques, lo que causa un riesgo a la salud de la comunidad, sobre todo de los niños, quienes, según se pudo ver en el terreno, representan la mayor parte de la población, ya que en cada hogar se registra entre tres y cuatro menores de edad.
Según el informe ‘Crisis Humanitaria en Chocó: diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo’, en ese departamento el 40,8% de la población es menor de 15 años y el 14,2 % es menor de 5 años de edad, lo cual conlleva a que sea la región de Colombia donde se presenta la mayor proporción de niños y niñas del país.
Al respecto, Otálora Gómez afirmó que es necesario «establecer programas de bienestar familiar duraderos y constantes, que no sean de manera coyuntural. Hay unos trabajos que tiene el ICBF por realizar, como por ejemplo que los jardines comunitarios cuenten con el paquete alimentario».
En la visita a la zona también se recibieron denuncias respecto al incremento de la violencia en algunos sitios de los cuatro barrios visitados y la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos. Preocupa que a través de regalos, engaños y manipulación, se está induciendo a los menores de edad a participar en el conflicto.
El Defensor del Pueblo dijo que una de las tareas de la Entidad es solicitar que se instale una estación de Policía e indicó que «la ciudadanía se quejaba de que el sector está tan estigmatizado que no tienen servicio de transporte en las noches porque ningún taxista quiere venir y eso dificulta las emergencias de salud».
Dificultades escolares
Otálora Gómez también visitó un colegio ubicado en la zona alta de la capital chocoana, zona con insuficiente cobertura en educación, y en donde los alumnos del grado sexto reciben clase a la intemperie debido a los fuertes olores de los salones abandonados.
Además del deterioro en la estructura física del centro educativo, también son obvias las carencias en cuanto a los recursos necesarios para adelantar las clases, a lo que se han sumado los robos de las herramientas técnicas y tecnológicas de los estudiantes.
Todo esto ha llevado a que no existan las condiciones para que los niños reciban sus lecciones de manera adecuada y que las tomen en el patio de la misma institución, a pesar de las difíciles condiciones climáticas.
El Defensor recorrió los salones de la institución y encontró que en el asignado para sistemas solo hay tomas para los equipos, pero no hay posibilidad de dictar clases allí. Y constató el peligro que corren los niños más pequeños de caer de una altura de tres metros, debido a que fueron arrancadas las barandas de la escalera que conduce al segundo piso del centro educativo.
En diálogo con las directivas de la institución, Otálora Gómez recibió quejas por el hurto de cableado, lo cual causa que en el horario de la tarde no se tenga energía eléctrica y los alumnos que deben reponer clases o materias no puedan hacerlo.
Luego de conversar con líderes de las comunidades desplazadas en el barrio Villa España, el Defensor les advirtió que transmitirá sus inquietudes a las autoridades nacionales el próximo jueves en una audiencia que se realizará en Quibdó. «Nosotros como Defensoría buscaremos que las entidades cumplan con sus compromisos, porque de lo contrario los ciudadanos dejarán de creer en las instituciones», puntualizó el Defensor del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia