El 2 de mayo se conmemoró la tragedia humanitaria en la que perdieron la vida 79 personas del municipio chocoano, pero sus condiciones de salud, educación, servicios públicos y seguridad son similares.
Los hechos, que ocurrieron en la iglesia de Bellavista en Bojayá (Chocó), el primero y 2 de mayo de 2002, cuando se enfrentaron guerrilleros de las Farc y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, obligaron a 1.744 familias a desplazarse a Quibdó.
Unos días después, otras 677 familias también tuvieron que abandonar sus viviendas en Vigía del Fuerte, Antioquia, e irse para la capital chocoana, según datos de la Red de Solidaridad Social.
El 24 de abril de 2002, semana y media antes de lo sucedido, la Defensoría del Pueblo, en comunicación enviada al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y al Ejército les advirtió la incursión paramilitar al corregimiento de Bellavista y la disputa armada que se podría dar con las Farc. Además, les solicitó que reforzaran de manera urgente las medidas de protección y seguridad a la población civil en la zona. Sin embargo, no las adoptaron y el saldo fue lamentable.
Según datos del Centro de Memoria Histórica, 79 personas perdieron la vida -41 mujeres y 38 hombres, siendo la mayoría menores de edad- luego de que guerrilleros lanzaran una pipeta de gas a la iglesia donde se encontraba resguardada la población civil, pero también se escondían miembros de las Autodefensas.
Aunque desde entonces se han ejecutado proyectos de vivienda y de generación de ingresos, 12 años después del trágico suceso las condiciones generales en alimentación, salud, educación, servicios públicos y seguridad continúan sin registrar cambios sustanciales si se comparan con las que habían antes de la masacre.
La Defensoría del Pueblo quiere en este día honrar la memoria de quienes perdieron la vida en ese fatídico hecho, violatorio de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que seguirá acompañando a las comunidades indígenas y afro del Medio Atrato, para que sus derechos no sean vulnerados.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia