La Defensoría del Pueblo Regional Valle conoció sobre nuevas amenazas que al parecer han sido realizadas por grupos armados ilegales contra líderes del Proyecto Espacio Humanitario de Puente Nayero en Buenaventura, denunciadas en las últimas horas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Esta comisión indicó que agrupaciones criminales advirtieron a los activistas sociales que debían callarse y dejar de molestar, porque no estaban dispuestos a abandonar ´su territorio.
Según información conocida por diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos, los líderes sociales habrían recibido amenazas para que no continuaran realizando sus actividades en el sector.
Así mismo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señaló que además de las amenazas contra defensores de derechos humanos, también ha sido objeto de estas amenazas, la comunidad afrodescendiente que vive en el sector donde habitan alrededor de 800 familias.
La Defensoría del Pueblo ha venido realizando el acompañamiento permanente a los habitantes de Buenaventura, tras denunciar ante las autoridades competentes la situación de violencia que se venía intensificando en los últimos meses en el Puerto.
El proyecto Espacio Humanitario surgió hace pocos días por iniciativa de cerca de 800 familias afrodescendientes de la zona Puente Nayero, que derribaron una casa donde grupos armados ilegales descuartizaban personas.
El pasado sábado 12 de abril de 2014 esta comisión denunció el asesinato de un joven de 16 años identificado como Carlos Andrés Angarita, en el sector de Brisas, a menos de 50 metros donde está instalado el Proyecto Espacio Humanitario de Puente Nayero.
En su más reciente visita al Valle del Cauca el pasado 9 de abril, el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, reconoció la reducción en los índices de muertes violentas y desplazamiento forzado durante los últimos días producto del refuerzo en la presencia militar y policial, así como los anuncios respecto a proyectos de inversión social, pero insistió en la necesidad de implementar una estrategia integral sostenible y de largo plazo al mando de un gerente o delegado presidencial que articule los esfuerzos de las entidades comprometidas.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia