Jorge Armando Otálora Gómez lamentó y repudió el asesinato de dos policías que habían sido secuestrados el pasado sábado en Tumaco (Nariño), y envió un saludo de condolencias a la familias de los uniformados y al director General de la Policía, General Rodolfo Palomino.
El mayor Germán Méndez Pabón y el patrullero Edilmer Muñoz Ortiz fueron encontrados sin vida esta madrugada en la vereda San Vicente de Tumaco y con signos de tortura, lo que significa una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con la normativa humanitaria en situaciones de conflicto armado interno a las partes en conflicto les está prohibido en cualquier tiempo y lugar atentar contra la vida y la integridad de las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate. Especialmente, está prohibido el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.
Los miembros de la Fuerza Pública secuestrados o privados de la libertad el pasado sábado en zona rural del municipio de Tumaco, por no encontrarse en condiciones de combatir debieron ser tratados con humanidad y ser protegidos. No podían ser víctimas de ataques contra su vida y su dignidad personal, por lo que ese hecho constituye una infracción grave a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Según la Policía, los dos uniformados pertenecían al grupo de consolidación de la Dirección de Carabineros y gestionaban recursos para trabajar en zonas vulnerables del país, especialmente con la población afrodescendiente e indígena. El mayor Méndez Pabón llevaba 15 años en esa institución y el patrullero Muñoz 7 años.
Desde el secuestro de los dos policías el pasado sábado, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando el acompañando humanitario en el proceso de búsqueda y un Defensor Comunitario estuvo en la zona recopilando información hasta que se dio el hallazgo de los dos uniformados.
La Defensoría del Pueblo ha mantenido constante comunicación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía; la Policía y la Cruz Roja tras los lamentables hechos, que fueron cometidos en una zona de influencia de la columna móvil ‘Daniel Aldana’ del Frente 29 de las Farc.
Hay que recordar que en el departamento de Nariño, el pasado 15 de febrero fueron secuestrados y luego asesinados dos policías que iban a visitar a sus familiares en su día de permiso. El intendente Óscar Emigdio Paz Tutistar y el patrullero Oswaldo Vargas Escobar fueron secuestrados, al parecer por el Frente 29 de las Farc, en el corregimiento de Puerto Nuevo del municipio de Leiva (Nariño), y luego de llevarlos al sector Mamaconde (Cauca) fueron asesinados.
Un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo indicó que la presencia de los actores armados ilegales de Farc, ELN, ‘los Rastrojos’ y ‘los Urabeños’ tienen en riesgo a la población de municipios como Leiva, El Rosario, Cumbitara y Policarpa, que por su ubicación en las estribaciones de la cordillera nariñense, son lugar de paso obligado para los grupos armados ilegales como las Farc, el ELN y los ‘Rastrojos’ hacia la zona del Pacífico y a la frontera con Ecuador.
El informe concluye que dichos factores comunes se relacionan de manera directa con las afectaciones sobre la población civil. De hecho, el interés de los grupos armados obedece al uso de este corredor de movilidad para la realización de acciones armadas, el establecimiento de zonas de retaguardia y para acceder y controlar territorios entre los departamentos de Cauca y Nariño.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia