El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentó este martes el Informe Especial: Derechos Humanos en Zonas de Conflicto en el Estado de Michoacán, que aborda distintos temas como la pobreza, los desplazados, la desaparición de personas, las autodefensas y la confianza en las instituciones de seguridad.
En rueda de prensa, el Ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, indicó que el informe obedece a la preocupación del organismo sobre la problemática por la que atraviesa el Estado, y con la intención de coadyuvar con la autoridad para encontrar soluciones a la misma.
En su mensaje indicó que son la inseguridad, la falta de empleo, las pocas oportunidades educativas y una desarmonización de la sociedad; lo que se detectó en esta investigación en las tres regiones geográficas en las que se levantaron las encuestas; por lo que propuso la reconstrucción del tejido social de manera paulatina, con políticas transversales de mejoramiento social.
Presidieron la rueda de prensa el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano; la Secretaria Ejecutiva, María Isabel Pinto Anguiano; el Coordinador del Centro de Estudios y Divulgación, Germán Martínez Ramos y los Consejeros Ciudadanos: Alma Rosa Bahena Villalobos, Miriam Heredia Zertuche, Alejandro González Cussi y Bernardo María León Olea.
En el Informe Especial: Derechos Humanos en Zonas de Conflicto en el Estado de Michoacán se destaca que la entidad se ubica en la décima posición dentro de los estados más pobres, ya que el 55% de la población se encuentra con algún grado de pobreza.
Respecto a los desplazados se indicó que las hostilidades han motivado a cientos de personas y familias a desplazarse en el interior del país, en estados vecinos o bien en los Estados Unidos o la frontera con Tijuana. En los municipios de Aguililla, Aquila, Buenavista, Chinicuila y Coalcomán, grupos de personas han sido desplazadas de su hogar en un intento de escapar del actual conflicto.
En lo que se refiere a la desaparición de personas, se documentó que en el municipio de Aquila son seis las personas de quienes se desconoce su paradero. Al respecto la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas tomó cartas en el asunto a fin de que se realice la indagación correspondiente que tienda a esclarecer responsabilidades que lleven a garantizar el derecho a la vida y el acceso a la verdad.
En torno a las autodefensas la CEDH consideró que el surgimiento de estos grupos evidencia la desesperación de un sector ciudadano, cansado de la inseguridad, así como de cuerpos policiacos y autoridades de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
En el tema de la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades de seguridad, se concluyó que la situación de violencia e inseguridad pública en buena parte del territorio michoacano ha llegado a un punto de quiebre, al menos, en la relación de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía. El monopolio de la fuerza en el Estado se ha doblegado en varios puntos de la geografía estatal ante la fuerza o amenaza de los grupos criminales, generando vacíos de poder que son llenados por grupos de autodefensa.
La CEDH consideró preocupante la situación en que se encuentran algunas poblaciones del Estado, debido a la inseguridad que genera incertidumbre y a la percepción de ausencia de autoridad, orden y control; lo que debilita seriamente el estado constitucional de derecho. Por lo que se consideró indispensable el restablecimiento del orden y la garantía plena del respeto de los derechos fundamentales.
Frente a esta compleja situación la CEDH propone generar lineamientos concretos, legales, vinculantes y permanentes de trabajo conjunto entre estos grupos de autodefensa, que eventualmente tendrán que regresar a su carácter de ciudadanos y convertirse en una organización civil pacífica y colaboradora con los cuerpos de seguridad e instituciones legales, el gobierno federal, el gobierno del estado y los propios ayuntamientos, quienes deben obligadamente retomar sus funciones públicas y participar activamente en la construcción y ejecución de estos lineamientos.
Se realizaron propuestas que será entregarán a los poderes Ejecutivo y Legislativo; así como a los Ayuntamientos involucrados en este informe.
FUENTE: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán