Hace menos de un año, la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación a los Derechos Humanos emitió una alerta temprana que incluía al corregimiento Bonda (donde ocurrieron los hechos), por el accionar de las «bandas criminales».
Luego de lamentar el asesinato en horas de la madrugada, de cinco personas dentro de una finca ubicada en el corregimiento Bonda de la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, la Defensoría del Pueblo pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía aclarar las circunstancias que rodearon estos hechos.
Las víctimas, tres hombres (entre ellos dos abogados) y dos mujeres, fueron sorprendidos por individuos que portando armas de largo alcance irrumpieron en la propiedad y les dispararon en forma inmediata, causándole también heridas a una sexta persona quien en ese momento se encontraba en el sitio.
La Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos había advertido sobre la proliferación de grupos armados ilegales post-desmovilización, que en su disputa por las rentas criminales comenzaron a generar zozobra en siete comunas de la referida ciudad.
Es así como el 4 de abril del año pasado, la Entidad emitió una alerta temprana, que además de cobijar a por lo menos 30 barrios de Santa Marta, se extendía a corregimientos como Guachaca, Minca y precisamente Bonda, donde se presentó la masacre de este miércoles.
En el documento, la Defensoría del Pueblo advertía sobre la violencia desplegada por organizaciones como «Los Urabeños», «Los Giraldo» y una facción de «Los Rastrojos», cuya confrontación estaba ocasionando homicidios selectivos, desplazamiento forzado, desapariciones y constreñimiento a las libertades para los habitantes de las zonas en disputa.
Particularmente en el corregimiento de Bonda, la alerta temprana daba cuenta de extorsiones sistemáticas a tenderos, e indicaba que quienes se oponían a esa contribución forzada eran víctimas de ataques contra su integridad o sus mismos negocios, como lo evidenciaron los homicidios de dos comerciantes el 8 y 10 de Noviembre de 2012 en los barrios El Yucal y La Paz del mencionado corregimiento.
Ante lo ocurrido en las últimas horas y la proximidad de la finca con el barrio María Cecilia, donde la propia Defensoría del Pueblo ha advertido sobre constantes hechos de violencia promovidos por los grupos post-desmovilización, el Defensor Jorge Armando Otálora Gómez reiteró la solicitud al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a las autoridades civiles de la región para que se adopten medidas que garanticen la seguridad y protección de los derechos de la población, tanto en el área rural como en el perímetro urbano de Santa Marta.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia