El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, les solicitó a las autoridades nacionales y departamentales tomar medidas urgentes para asistencia y atención a 45 familias afrocolombianas de la comunidad La Honda del Consejo Comunitario de Cacarica que se desplazaron a los municipios de Turbo (Antioquia) y Riosucio (Chocó), por la presencia de hombres armados del frente 57 de las Farc en una zona de influencia de ‘Los Urabeños’.
La Comisión de la Defensoría del Pueblo y de Acnur constató el riesgo humanitario en el que se encuentran 45 familias de la comunidad de La Honda en la subregión del bajo Atrato. Las 28 viviendas del caserío están deshabitadas, mientras que el acueducto y la planta eléctrica de la comunidad no funcionan.
La presencia de diferentes actores armados en la subregión del Bajo Atrato (comunidades de Yarumal, Nueva Unión, La Honda y Travesía o Puente América) exige la implementación de planes de prevención y contingencia.
La solicitud, irigida a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y del Interior, Aurelio Iragorri; a la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria; al Comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero Gordillo, y al Director de la Policía, Rodolfo Palomino, a los gobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, y de Chocó, Efrén Palacios Serna, fue hecha luego de una visita de verificación adelantada por funcionarios del nivel central durante el pasado fin de semana.
De la misma forma, Otálora Gómez les solicitó elaborar e implementar un plan de retorno concertado con las comunidades del caserío ubicado en el bajo Atrato chocoano que cumpla las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
El Defensor del Pueblo, también requirió al Comité Municipal de Justicia Transicional de Riosucio activar la ruta étnica de protección de los bienes y patrimonio de la comunidad de La Honda, para evitar posibles saqueos, y a la Unidad Nacional de Protección estudiar el nivel de riesgo de los líderes de los Consejos Comunitarios, procurando que tenga un enfoque colectivo y diferencial.
La mayoría de las familias desplazadas está dedicada a la pesca en ciénagas y ríos, en los que con frecuencia hacen presencia diferentes actores armados, por lo que se requiere la implementación de planes de prevención y contingencia en la subregión del Bajo Atrato y del municipio de Turbo, donde otras comunidades (Yarumal, Nueva Unión y Travesía o Puente América) también enfrentan situaciones de riesgo, señaló el Defensor Otálora Gómez.
Es la segunda vez, en menos de siete meses, que ocurre un desplazamiento forzado en esa zona del bajo Atrato. La violación y posterior muerte de una pastora de la iglesia evangélica, que llevaba un año viviendo en la comunidad de La Honda, cometida por presuntos miembros de un grupo armado ilegal el pasado mes de julio generó la salida de 13 familias hacía el municipio de Turbo.
La comisión humanitaria y de verificación conformada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), evidenció que existe una precariedad en la infraestructura de la comunidad, particularmente, en la escuela. La planta eléctrica no funciona desde hace 10 años y el acueducto comunitario, por los daños que presenta, lleva 4 años sin ser utilizado. El asentamiento no cuenta con un puesto de salud ni con una promotora que preste ese servicio a la comunidad. Además, los cultivos de pan coger están a punto de perderse.
La escuela está compuesta por dos edificaciones: una en madera con dos aulas en malas condiciones y sin el mobiliario, tablero y material didáctico. La otra estructura es prefabricada y levantada con recursos de Colombia Humanitaria pero no ha sido entregada de manera formal. Las autoridades étnicas consideran que es una obra inconclusa que presenta graves deterioros en algunas áreas.
En relación con el tema de seguridad, cabe mencionar que un contingente de la Armada hizo presencia en La Honda el 13 de enero pasado. En el recorrido también se observaron dos puestos de control, uno en Tumaradó, aproximadamente a una hora de La Honda, y una embarcación tipo nodriza de la Infantería de Marina ubicada cerca a la comunidad de Yarumal que venía bajando por el río Atrato desde el municipio de Beté (Chocó).
Riesgo advertido por la Defensoría
La situación de vulnerabilidad de la comunidad de La Honda no es nueva ya que 21 de noviembre de 1997 fue víctima de un primer desplazamiento masivo en el marco del gran éxodo de cerca de 15.000 personas por las incursiones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la zona del Bajo Atrato chocoano. La comunidad logró retornar en el año 2000, sobre la base de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional en 1999 en el coliseo de Turbo (Antioquia).
Más recientemente, la Defensoría del Pueblo ha registrado que en el transcurso de los últimos años se han presentado graves vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, así como de la población del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién). Estas situaciones han sido documentadas desde el año 2009 en los informes de riesgo y notas de seguimiento elaborados por Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría.
La Nota de Seguimiento 018 de noviembre 30 de 2012 y las comunicaciones escritas del 11 de septiembre de 2013 al Ministerio del Interior y a la Brigada 17 del Ejército Nacional, emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, han advertido la persistencia de los factores de riesgo de violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en la cuenca del río Cacarica por la dinámica de los actores armados ilegales, esto es, las Farc y los grupos armados ilegales post desmovilización que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños y Los Rastrojos.
La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, le solicitó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el pasado el 24 de septiembre de 2013, convocar una reunión para la adopción de medidas de protección para toda la población que habita la cuenca del río Cacarica. Como respuesta, la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior citó a una reunión interinstitucional de alto nivel la cual se llevó a cabo el 22 de octubre de 2013 con la asistencia del Alcalde del municipio de Ríosucio, funcionarios de la Unidad Nacional de Víctimas, Fiscalía, Cancillería, Programa Presidencial de Derechos Humanos, ICBF, Incoder, Procuraduría, Contraloría, Dirección de Comunidades Negras, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Transporte, altos mandos militares, entre otros.
Las acciones de las Farc en el Bajo Atrato buscan el control de los corredores estratégicos (frontera con Panamá) para el desarrollo de economías ilícitas asociadas a la comercialización de la coca y la regulación de la explotación ilegal de maderas, mientras que los grupos armados post desmovilización de las AUC intentan mantener el control armado sobre las zonas de producción ganadera y donde se concentran proyectos marítimos y fluviales como de explotación de recursos minerales.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia