La crisis en el Bajo Aguán, durante el 2012, se caracterizó por una serie de hechos que van desde invasiones, desalojos, destrucción de fincas, robo de frutas, detención de campesinos, decomiso de armas, desaparición de personas, emboscadas y enfrentamientos armados que dejaron como secuela, 42 personas muertas, más de 40 heridos y la falta de castigo para los responsables.
Alrededor de 92 muertos y más de 70 heridos es el saldo trágico registrado en el Valle del Aguán, entre el 2009 y el 2012, revela un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, divulgado por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El informe establece que entre las víctimas habría, al menos, 52 campesinos, 18 guardias de seguridad, 4 policías, 2 soldados, 6 empleados de la Corporación Dinant, el apoderado legal de un movimiento campesino y 9 particulares.
Añade que en los dos últimos años (2011/ 2012) se reportaron alrededor de 58 hechos violentos que dejaron como saldo más de 70 muertos e igual cantidad de personas heridas, en su mayoría campesinos, pero también fueron víctimas guardias de seguridad, policías, soldados, empleados de la Corporación Dinant e incluso particulares.
Aunque no se tiene un dato exacto, se estima que alrededor de una decena de personas han desaparecido en el marco de la crisis, señala el documento.
Agrega que entre los desaparecidos estarían campesinos y cuatro guardias de seguridad, estos últimos interceptados por desconocidos el 25 de abril del 2011 cuando se dirigían, en horas de la mañana, a la finca «La Consentida» para cumplir su turno de vigilancia
De acuerdo al organismo humanitario, todos estos hechos prueban la violencia practicada por ambas partes e igualmente toleradas por las diferentes autoridades del país.
En el informe se establece que desde el inicio de la crisis, el CONADEH percibió que la situación de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán, era un problema que demandaba la atención inmediata de las autoridades concernidas.
Lo anterior, según el documento, para prevenir muchas vicisitudes, entre muertes anunciadas, desapariciones, heridos y otras consecuencias de la violencia que ha producido víctimas de todas las partes confrontadas.
Muertes violentas vienen desde el 2009
En un recuento de los hechos ocurridos entre el 2009 y el 2011 se establece que durante ese período murieron violentamente alrededor de 50 personas, entre ellos 24 campesinos, 15 guardias de seguridad, 2 policías, 1 soldado, 2 empleados de la Corporación Dinant y seis particulares.
Sólo en el 2011, el CONADEH registró 20 hechos violentos que dejaron como saldo 30 muertos entre campesinos, dirigentes campesinos, guardias de seguridad, policías, soldados, empleados de la Corporación Dinant y personas particulares. Todas víctimas de las armas de fuego.
Además, se reportaron 30 personas heridas en diferentes hechos violentos y la desaparición de dos campesinos y cuatro guardias de seguridad.
Crisis del Bajo Aguán continuó en el 2012
El informe del CONADEH reveló que la crisis en el Bajo Aguán, durante el 2012, se caracterizó por una serie de hechos que van desde invasiones, desalojos, destrucción de fincas, robo de frutas, detención de campesinos, decomiso de armas, desaparición de personas, emboscadas y enfrentamientos armados que dejaron como secuela, personas muertas, heridas y la falta de castigo para los responsables.
Durante el año, recién pasado, el CONADEH registró, al menos, 38 hechos violentos que dejaron como consecuencia, al menos, 42 muertos, de los cuales 28 serían campesinos, 3 guardias de seguridad, 4 empleados de la Corporación Dinant, 2 policías, 1 soldado, el apoderado legal de un movimiento campesino, y 3 particulares.
En el marco de esta crisis resultaron unas 42 personas heridas, entre cuyas víctimas estarían al menos, 32 campesinos, 7 soldados, 2 guardias de seguridad y un particular
A los hechos violentos mencionados se suman las denuncias de campesinos desaparecidos y el atentado contra un ejecutivo de la Corporación Dinant.
Portación ilegal de armas
En agosto del 2012, el Congreso Nacional reformó la Ley de Portación de Armas de Fuego y prohibió, en el departamento de Colón, la portación de armas de fuego, en lugares públicos o en vehículos, aunque la misma esté registrada o exista permiso para su portación.
De la disposición fueron exceptuados los cuerpos de defensa y seguridad del Estado y las empresas mercantiles que para el funcionamiento de sus actividades requieran el servicio de seguridad privada.
Antes y después de la entrada en vigencia de dicha ley, las fuerzas de orden capturaron a varias personas en posesión de armas de grueso calibre.
Entre estas armas decomisadas figuran, carabinas M-16, carabinas AR-15, fusiles FAL, escopetas calibre 12, cargadores de carabina M-16, cargadores de fusil FAL, pistolas 9mm, revólveres, fusiles Ruber calibre 2.23, AK-47, lanzagranadas, bazucas y munición para todas estas armas.
Saqueo y destrucción de fincas
Otros de los hallazgos, del informe del CONADEH, es que algunas fincas fueron saqueadas y quemadas, prueba de ello, es que en varios operativos fueron capturadas personas en posesión de toneladas de fruta de palma africana.
Personas víctimas de atentados
Durante el 2012 también se registraron emboscadas y atentados contra campesinos, ejecutivos de la corporación Dinant y autoridades policiales y militares.
En marzo, unos 15 soldados fueron emboscados por desconocidos cerca de la finca Marañones, con el resultado de cinco heridos de bala, dos de ellos de gravedad que fueron trasladados al Hospital D’Antoni de La Ceiba, Atlántida.
En julio, luego de un desalojo en la Finca Los Laureles, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, fueron víctimas de un atentado en el momento en que se retiraban de la zona conflictiva. En el incidente no hubo víctimas
En diciembre, un ejecutivo de la Corporación Dinant, no identificado, fue víctima de un atentado por personas que se transportaban en dos vehículos sin placas que luego de interceptarlo le dispararon, sin embargo, el ejecutivo de la empresa salió ileso del incidente.
Invasiones y desalojos
Durante el 2012, se reportaron una serie de invasiones de fincas y consecuentemente los desalojos realizados por parte de las autoridades militares y policiales.
Entre las fincas invadidas están La Confianza, Lempira, Aurora, Concepción, Paso Aguán, San Isidro, La Trinidad, El Despertar y Los Laureles, entre otras.
Una de las fincas señaladas habría sido invadida en represalia, luego que encontraran muerto en el interior de la misma al campesino Gregorio Chávez.
Se reportó que muchos desalojos fueron suspendidos por las autoridades para evitar confrontaciones con los grupos invasores.
Unas 80 personas fueron detenidas en diferentes desalojos
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró, durante el 2012, la detención de unas 80 personas vinculadas supuestamente con el movimiento campesino entre los que figuran algunos de sus dirigentes.
El 21 de agosto, el Ministerio Público acusó, ante un juez de los tribunales unificados de Francisco Morazán, a 25 campesinos por realizar manifestaciones ilícitas en perjuicio de la seguridad del Estado.
En esa oportunidad, los campesinos participaron durante dos días en manifestaciones realizadas en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, en protesta, según ellos, porque las resoluciones de los jueces favorecían a los empresarios de la palma africana.
Los manifestantes lanzaban piedras contra los policías antimotines mientras que los uniformados lanzaban gases lacrimógenos y toletazos. En el acto resultaron cinco personas heridas.
El 09 de septiembre, otras 34 personas fueron detenidas durante el desalojo de una de las fincas en el Bajo Aguán. La finca había sido tomada nuevamente por los campesinos después de haber sido desalojada tres días antes. De los 34 detenidos nueve era mujeres, entre ellas dos menores de edad y 25 hombres.
Firma del acuerdo de traspaso de tierras
Finalmente, el documento del CONADEH, se refiere a que en octubre del 2012, se materializó el acuerdo entre el gobierno, la Corporación Dinant y el MUCA.
En dicho acuerdo se traspasaron unas 3,962.50 hectáreas de tierra en producción de palma africana a grupos campesinos aglutinados en, al menos, 30 empresas asociativas, que le darán sustento a alrededor de 3,500 familias campesinas de la zona.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras