Un total de 20 municipios de los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada y Guainía vienen siendo afectados por una serie de acciones violentas que debilitan los cimientos de la gobernabilidad y produce un gran número de víctimas, con un impacto particular sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que por sus características se encuentran más expuestos a las amenazas y agresiones de los grupos armados ilegales.
Así lo advirtió hoy la Defensoría del Pueblo en Villavicencio, durante una audiencia en la cual presentó un informe especial sobre reclutamiento forzado en dicha zona del país, en el que destacó la preocupación de la entidad por la utilización ilícita de menores de edad por parte actores armados al margen de la ley (guerrilla, reductos de las autodefensas no desmovilizados y grupos armados ilegales post desmovilización).
Las investigaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, sobre la base del monitoreo y advertencia permanente realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, como también de numerosas visitas de campo, entrevistas, reuniones y recopilación de información documental; constatan que los grupos armados al margen de la ley reclutaron y utilizaron niños y niñas en 27 de los 32 departamentos de Colombia, y que dicho reclutamiento se efectuó cuando tenían entre 5 y 17 años de edad.
El SAT de la Defensoría ha advertido para los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Guainía, un total de 25 situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, a través de nueve informes de riesgo y 16 notas de seguimiento, que cubren población y territorio de 19 municipios de los cuatro departamentos de la subregión sur oriental, entre los que se hallan también población indígena.
Las Farc han sido identificadas en las 25 situaciones de riesgo; mientras que los grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas se registran como fuente de riesgo en 24 de las 25 situaciones de riesgo; en esta categoría están el Erpac, que se sometió parcialmente a la justicia en el año 2010, y los grupos armados ilegales que se autodenominan ‘Bloque Meta’ y ‘Libertadores del Vichada’.
Según el Director del SAT de la Defensoría del Pueblo, Jorge Calero, «esto evidencia, como lo ha manifestado de manera reiterada la entidad, el poder de intimidación y de afectación de los derechos fundamentales que generan estas estructuras armadas ilegales, y la necesidad de utilizar todos los mecanismos del Estado para combatirlas».
«Tanto la guerrilla como los demás grupos armados ilegales han venido ampliando sus áreas de influencia, adoptando nuevas estrategias de intimidación a la población civil, modificando sus repertorios de violencia, ejerciendo presión armada en zonas anteriormente dominadas o con presencia de bloques y frentes de las desmovilizadas AUC», agregó Calero.
Cifras alarmantes
Según datos del Sistema de Información del Programa Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que reporta los menores desvinculados desde 1999 hasta junio de 2012, se registran 4.935 casos de personas reclutadas y desvinculadas en todo el país, de los cuales 848 casos fueron registrados en estos cuatro departamentos y que representan el 10% del total nacional.
La mayor problemática la registra el departamento del Meta que concentra el 69% de los casos de la subregión (333), le siguen Guaviare con el 20% (97 casos), Vichada con el 9% (42 casos) y Guainía con el 2% de los casos (12). Al respecto, entre los municipios identificados en riesgo por el SAT se encuentran: Mapiripán Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa, El Castillo, Lejanías, Mesetas, Uribe, Villavicencio, Puerto Gaitán, Puerto López, Granada y San Martín en el Meta; Cumaribo en Vichada; San José, Calamar y El Retorno en Guaviare; y Barrancominas en Guainía.
Ahora bien, la mayor concentración de casos se registra entre 2005 y 2009, con un descenso pronunciado en los últimos años. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha prendido las alarmas porque los niveles de la confrontación son cada vez más altos, lo que sugiere un incremento de tropas y muy factiblemente la existencia de campañas de reclutamiento y el establecimiento de mecanismos que eviten la desvinculación y sobre todo la denuncia.
Finalmente, la Defensoría hizo un nuevo llamado a las Farc para que respeten los principios de protección y distinción consagrados en el Derecho Internacional Humanitario, absteniéndose de vincular a sus filas a los menores de edad y a devolverlos a sus familias. Actualmente, los menores son utilizados para realizar actividades bélicas o funciones de apoyo como guías, informantes, estafetas, para preparar y colocar explosivos, para servicios sexuales, y otras que ponen en riesgo su vida, integridad física y sicológica, y libertades.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia