«La violencia sexual es quizás la cara más desafiante y oscura de la guerra, la que entraña los agravios más sensibles a la dignidad, la autonomía y la libertad de sus víctimas, pues en la mayoría de los casos los actos criminales se ciernen sobre las personas más débiles: niñas y niños, adolescentes y mujeres».
Así lo advirtió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, e invitó a reflexionar seriamente sobre el carácter esencial que en la definición de las políticas públicas y de las responsabilidades concretas de las entidades competentes, tiene la problemática del fenómeno de la violencia sexual como un componente lamentable, inadmisible y simultáneamente oculto del conflicto armado que vive nuestro país.
Destacó que las niñas y niños, adolescentes y mujeres se consideran sujetos de especial protección, en el entendido que ya son víctimas del conflicto, sumado a que la violencia sexual los victimiza nuevamente en un escenario de horror, y multiplica en ellos las huellas de la guerra de la manera más brutal, lo cual conlleva consecuencias irreparables en el curso de sus vidas.
«He señalado en otros escenarios en que se debate cómo enfrentar la criminalidad o las peores formas de violencia en Colombia, que la opción no es necesariamente la amplificación de los instrumentos del sistema penal, sino el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales e internos desde las instituciones, encaminados a una lucha frontal y decidida contra la impunidad de estos crímenes asociados al conflicto armado, con total voluntad política» aseguró Otálora Gómez.
De la misma forma planteó varios retos. El primero es rodear a las víctimas con las máximas garantías de acceso a los sistemas de justicia nacional e internacional, porque a ellas debe ofrecérseles un escenario cierto para el goce efectivo de sus derechos a la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición.
El sistema judicial, agregó el Defensor, debe ser el encargado de propiciar a las víctimas un espacio de confianza y protección, y eso depende en buena parte de la forma como los investigadores y jueces asuman sus responsabilidades de cara al desarrollo de los procesos, y a la implementación de políticas públicas o de carácter correctivo y preventivo, que garanticen escenarios de credibilidad en los organismos del Estado. Y deben hacerlo con plena conciencia de que las víctimas de la violencia sexual en conflicto armado revisten esas características especiales que no pueden ignorar.
Las metodologías de las investigaciones y del tratamiento de las víctimas en este tipo de casos no pueden responder a esquemas convencionales, y exige máxima especialidad. Tratar por ejemplo, la violencia sexual como fenómeno aislado de la dinámica perversa del conflicto armado es un error de grandes dimensiones, en la medida en que se están afectando las más caras garantías de los seres humanos en su dignidad y condición vital.
Caracterizar este fenómeno, con sus elementos esenciales particulares y diferenciadores, es otro reto inmediato de las instituciones, a cuyo cargo está la responsabilidad de la atención de este tipo de víctimas y ello debe permitir respuestas institucionales claras, inmediatas y eficaces.
El Defensor Otálora aseguró que la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tratan este fenómeno con dicho enfoque específico, pero los resultados aún no son suficientes y en muchas ocasiones no atienden a las características devastadoras y masivas del este atroz delito que es la violencia sexual en el conflicto armado.
«Un factor enormemente negativo para las respuestas institucionales al fenómeno de la violencia sexual en el contexto de un conflicto armado es la invisibilización del hecho, por temor a la denuncia, por la negación de los actores, por la intimidación sobreviniente y también por el muy escaso registro que los medios de comunicación suelen hacer de este fenómeno, o porque suele presentárselo como simples hechos aislados», puntualizó el Defensor del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia