En desarrollo de la visita humanitaria a las zonas más afectadas por el conflicto en el Valle del Cauca, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, constató el difícil panorama que afrontan las comunidades de este puerto del Pacífico colombiano, asediadas por el accionar violento de los grupos armados ilegales.
Desde octubre pasado se ha venido intensificando la confrontación armada entre el grupo ilegal ‘Los Urabeños’ y una organización conocida como ‘La Empresa’, todo ello a raíz de la ruptura de un acuerdo tácito bajo el cual operaron desde el año 2011, distribuyéndose el control territorial del municipio.
Sin embargo, desde hace seis semanas se produjo una ruptura, lo cual ha derivado en un incremento de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como la ocurrencia de seis eventos de desplazamiento masivo, afectando a igual número de barrios, conociéndose que hasta la fecha hay 1.084 familias afectadas, equivalentes a 4.203 personas desplazadas masivamente, según el censo elaborado por la Personería municipal y el Defensor Comunitario de la costa vallecaucana.
Entre los más recientes sucesos de desarraigo se encuentran: El 14 de octubre, en el barrio Pampa Linda, comuna 8, se desplazaron 62 familias (263 personas). El 26 de octubre, en el barrio La Carmelita, Comuna 9, se desplazaron 111 familias (448 personas). El 28 de octubre, en el barrio San Francisco en la Comuna 7, se desplazaron 41 familias (169 personas). El día 29 de octubre, en el barrio 6 de enero, comuna 9, se desplazaron 163 familias (426 personas). El primero de noviembre, en el barrio Juan 23, comuna 7, se desplazaron 639 familias (2413 personas). El primero de noviembre, en el barrio la Municipal, se desplazaron 45 familias (181 personas).
Con base en este diagnóstico, el Defensor verificó, en compañía de Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de Terry Morel, la representante de la ONU para los refugiados, la situación de desolación vivida especialmente en el barrio La Carmelita, donde la mayoría de los habitantes tuvieron que abandonar sus sitios de residencia para refugiarse en albergues temporales o en casas de familiares.
Otálora Gómez denunció la existencia de retenes ilegales intraurbanos, en los que miembros de las bandas que tienen presencia en Buenaventura (principalmente ‘Los Urabeños’, cuya influencia ya se siente en el 80 por ciento de la ciudad), cobran a los ciudadanos por movilizarse hacia sus sitios de trabajo o desplazarse hacia sus viviendas.
No hay plan de contingencia
A juicio del Defensor, «esto ratifica las advertencias que hemos venido haciendo al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas. No existe un plan de contingencia que permita la disposición de sitios de albergue capaces de garantizar la protección de las víctimas, ni medidas concretas para mitigar las amenazas, hacer frente a la emergencia y contrarrestar los niveles de expulsión en las zonas de Bajamar».
Así las cosas, el Defensor Otálora hizo un llamado de urgencia a las autoridades competentes. Le solicitó a la Gobernación del Valle convocar de manera urgente el Comité Departamental de Justicia Transicional, que permita la adopción de medidas urgentes y complementarias para la atención de la emergencia humanitaria.
También le solicitó a la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el reconocimiento del desplazamiento, apoye a las víctimas y que convoque a las distintas entidades para que se brinde atención humanitaria, sicosocial, en salud y otras necesarias para las víctimas actuales de los desplazamientos masivos, así como los nuevos eventos que según información de las comunidades se producirán en las próximas horas.
Por último, le recomendó al Ministerio de Defensa coordinar un plan de seguridad que permita mitigar las amenazas y los homicidios causantes de los eventos de desplazamiento masivo.
Tras indicar que la situación de derechos humanos en Buenaventura es muy grave, y que las violaciones a los derechos humanos en el municipio son sistemáticas, Jorge Armando Otálora reiteró su llamado al Gobierno para que las llamadas bandas criminales (las cuales se han convertido en el mayor azote para estas comunidades), sean enfrentadas de la misma manera que se actúa contra grupos ilegales como las Farc.
«Así se lo manifesté ayer al Ministro de Defensa en una reunión, porque esa es la verdadera naturaleza de etas organizaciones», puntualizó el Defensor del Pueblo.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia