El Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez Ortiz, dijo que se trata de un episodio deshonroso que lesiona sensiblemente la dignidad de las víctimas reales de la violencia en nuestro país, y que asalta gravemente la buena fe de las autoridades nacionales y la de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ven obligadas a adoptar medidas estrictas en el examen de los casos que llegan a su conocimiento, para evitar que se vuelvan a repetir hacia el futuro inmediato, hechos como los que hoy son objeto de reproche general.
Los órganos del Sistema Interamericano en el proceso de documentación de los casos tienen que apelar a los elementos de prueba que puedan aportar las entidades competentes de los Estados Parte, con el fin de establecer la veracidad de los hechos que se tramitan bajo su jurisdicción.
De igual manera, se insta a las autoridades nacionales para que en los procesos que se surten contra el Estado colombiano a nivel internacional, se aporten, sin dilación, todos los elementos que permitan esclarecer los hechos y ejercer, en su debido momento y ante la instancia competente, una defensa adecuada de los intereses nacionales.
Este caso lamentable, en el que parece no existir instrumentos para la revisión de la condena impuesta al Estado colombiano, tiene que servir de referente obligado para la adopción de medidas en el proceso de aplicación de los mecanismos previstos en la ley de víctimas, en el que se asegure que las personas que accedan a la reparación sean aquellas que efectivamente han padecido un perjuicio.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia