El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, repudió la muerte violenta de Ana Fabricia Córdoba, líder de población desplazada en Medellín, quien fue víctima de varios impactos de bala por parte de sicarios en el centro de la capital antioqueña en las horas de la mañana de hoy cuando se disponía a tomar un bus hacia el barrio Popular, lugar en donde residía en esa ciudad.
De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo, la señora Ana Fabricia Córdoba participó la semana pasada en una reunión convocada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior para explorar la posibilidad de construir en Medellín el Comité Metropolitano de Derechos Humanos y evaluar la seguridad de los líderes que participan en los procesos de reclamación de tierras en el departamento de Antioquia.
En desarrollo del acompañamiento institucional brindado por la Defensoría del Pueblo a la vocera de tierras Ana Fabricia Córdona, la líder le manifestó a funcionarios de esta institución que venía recibiendo desde hace cuatro meses amenazas contra su vida e integridad física, lo que hacía temer por su situación de seguridad. En ese sentido, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que la muerte violenta de Ana Fabricia Córdoba pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados, y agregó que en el caso de la vocera de comunidades afrodescendientes las autoridades no alcanzaron a realizar las evaluaciones de riesgo.
“Se deben agilizar los procesos de evaluación del riesgo para que se pueden adoptar eficaces medidas desde el punto de vista preventivo, lo mismo que esquemas de protección que garanticen seguridad de las personas amenazadas”, expresó el Defensor del Pueblo.
Igualmente, el Defensor del Pueblo, solicitó de las autoridades competentes una investigación rigurosa para hallar a los responsables de la muerte violenta de Ana Fabricia Córdoba, desplazada de Urabá en 2001 y dijo que este hecho afecta los procesos de restitución de predios de la población desplazada.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.