El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, urgió una investigación rigurosa sobre el ataque con armas de fuego presuntamente del Frente 34 de las FARC contra una lancha que se desplazaba sobre el río Atrato y que transportaba un grupo de pasajeros que habían diligenciado la inscripción de sus cédulas de ciudadanía en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, para los comicios del 30 de octubre, y que dejó un saldo de tres civiles muertos en el trayecto comprendido entre la comunidad negra de Bocas de Beberá y Beté en el Medio Atrato en el departamento del Chocó, el pasado domingo 22 de mayo.
Información allegada a la Defensoría del Pueblo confirmó que los civiles muertos corresponden a los nombres de Paola Escobar Salazar, de 19 años de edad, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó-UTCH-; Eder Palomeque Valencia, de 28 años, y Elen Lorena Gamboa Palacio, de 19 años de edad. En esta acción violenta, igualmente, resultaron heridos los señores Siriaco Chala Mena y José Álvaro Rentería, quienes recibieron atención médica en el hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó.
El ataque a la embarcación que transportaba civiles ocurrió después de un hostigamiento del Frente 34 de las FARC a un puesto de control de la Policía Nacional que se encuentra ubicado sobre la margen derecha del río Atrato en Beté, cabecera municipal de Medio Atrato, donde murió un auxiliar de esa institución.
Esta acción armada fue repelida por miembros de la Policía con el apoyo del Batallón Manosalva Flórez, adscrito a la Brigada de Selva XV. El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, consideró que el ataque indiscriminado por parte, presuntamente, del Frente 34 de las FARC a la embarcación que transportaba civiles en el río Atrato constituye un acto repudiable que infringe las normas del derecho internacional humanitario al convertir en blanco de sus acciones violentas a civiles que no participan en las hostilidades.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, también expresó que información allegada a la Defensoría del Pueblo indica que las FARC buscan ejercer control sobre los corredores de movilidad y de abastecimiento en el municipio del Medio Atrato, y sobre la explotación minera que se desarrolla en la parte alta del rio Beberá, afluente del rio Atrato, lo que ha generado graves afectaciones de los derechos humanos de la población civil que es objeto de intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales.
El puesto de Policía de Beté fue instalado en el año 2003 en respuesta a las acciones violentas de las FARC para evitar incursiones y hostilidades a la cabecera municipal del Medio Atrato-Beté. Informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas- SAT- de la Defensoría del Pueblo revelan que las FARC se encontraban replegadas hacia las partes altas de los ríos tributarios del Atrato, y ahora adelantan acciones armadas para intentar ejercer control sobre la navegación en esa vía fluvial.
El Defensor del Pueblo, también denunció que hay que evitar que los actores armados ilegales que operan en la subregión del Medio Atrato chocoano perturben los comicios del 30 de octubre tal como ha ocurrido en los últimos tres procesos electorales donde se han registrado acciones violentas en la región del Atrato y, en particular, en el municipio de Bojayá con amenazas y actos de constreñimiento a los potenciales sufragantes.
El Defensor del Pueblo, ante el escenario de riesgo que generan las acciones violentas de las FARC, solicita de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, implementar medidas eficaces de seguridad para proteger la población civil del municipio Medio Atrato y la cabecera urbana de Beté.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.