El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, con motivo del Día Internacional Contra las Minas Antipersona el 4 de abril, día adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2006, destacó la Campaña de Sensibilización “Remángate”, promovida por el Gobierno Nacional, El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF-, el Servicio de Naciones Unidas para la Atención contra Minas Antipersonal- UNMAS-, la Organización de los Estados Americanos- OEA- y el Grupo Social Empresarial Arcángeles-GTO14, entre otros, que busca crear conciencia en Colombia sobre la creciente amenaza que representa para la población civil la utilización de este tipo de artefactos explosivos por parte de las distintas organizaciones armadas al margen de la ley.
Según el Programa Presidencial para la Acción contra las Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República -(PAICMA), en Colombia el 10 por ciento de las más de 9 mil víctimas que dejan las minas antipersonal y otros artefactos explosivos, son niños; el 40 por ciento de los afectados son integrantes de la población civil, y las regiones del país más afectadas por la siembra de minas terrestres son Nariño, Cauca, Antioquia y Arauca.
El Programa Presidencial para los Derechos Humanos señaló que en el 2010 se reportaron más de 400 víctimas, y en los dos primeros meses de 2011 la cifra asciende a 23 víctimas civiles. En Colombia, existen 7 mil sobrevivientes de accidentes que han quedado con secuelas que incluyen la pérdida de extremidades y ceguera.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, reconoció los esfuerzos que se han venido adelantando en la adopción de medidas de prevención y protección de las víctimas de las minas antipersona y otros artefactos explosivos en cumplimiento de la Convención de Ottawa de 1997, e instó a las autoridades competentes a avanzar en la construcción de una política pública que permita la plena reintegración de las víctimas de este flagelo a la vida productiva y social del país, garantizando sus derechos fundamentales, sin desconocer el papel importante de la educación en el riesgo. “Las minas antipersona tienen dramáticas consecuencias en las víctimas, como la exclusión económica y el trauma que genera a largo plazo”, expresó el Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo considera que la política pública en materia de atención integral a las víctimas de minas antipersonal, municiones abandonadas sin explotar y artefactos explosivos improvisados, debe ser consecuente con los esfuerzos por reconocer a las víctimas de la violencia como beneficiarias de una atención especial que permita de modo efectivo asistencia médica a corto plazo, ayuda psicológica, rehabilitación física y su vinculación plena a la sociedad.
Igualmente, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, recordó a las autoridades competentes que el problema más grave que enfrenta la población civil víctima de las minas antipersona, es la falta de atención suficiente y adecuada.
De otra parte, el Defensor del Pueblo instó a los grupos armados ilegales a aplicar los principios de distinción y limitación del derecho internacional humanitario, en especial la Convención de Ottawa, que obligan a quienes participan en las hostilidades a acatar sus principios y normas protectoras.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.