El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, calificó como una grave violación del Derecho Internacional Humanitario el atentado a una planta generadora de energía y los depósitos de agua de una microcentral que generaba 250 kilovatios que dejó sin fluido eléctrico a los municipios de Caloto, Guachene, Padilla y Miranda en el norte del departamento del Cauca.
Información allegada a la Defensoría del Pueblo indica que en la noche del pasado lunes 30 de agosto presuntos integrantes del Sexto Frente de las FARC, ingresaron a las instalaciones de la “planta general Cauca”, ubicada en la vereda Santa Rita, del corregimiento de El Palo en el municipio de Caloto, y luego de intimidar a los operarios, procedieron a instalar explosivos compuestos por dinamita y anfo que provocaron la destrucción de los sistemas de almacenamiento del agua que es puesta en movimiento por las turbinas de esa infraestructura eléctrica.
La Defensoría del Pueblo fue informada por parte de los técnicos de la Unión de Trabajadores Energéticos del Cauca- UTEN-, que tienen a su cargo el manejo de la microcentrales y pequeñas centrales, sobre la necesidad urgente del restablecimiento del suministro de energía hacia las cabeceras municipales de de Toribío, Caloto, Corinto, Miranda, EL Palo, Guachené, La Cruz, La Mina, Lomarredonda, Asmega, Tumburaro, Quichaya, Meléndez, La Playa, La Cruz y San Francisco. Igualmente, la Defensoría del Pueblo confirmó con la Secretaría de Gobierno de Caloto que el servicio de agua no ha sido restablecido en la zona por daños en un canal que conduce a la hidroeléctrica.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, le recordó a los grupos armados ilegales responsables de este hecho de violencia y demás que operan en la región que, de acuerdo con las normas protectoras del DIH, este atentado constituye un ataque contra un bien indispensable para la supervivencia de la población civil que está expresamente prohibido por el artículo 14 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra que prohíbe “como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”.
En el Informe de Riesgo Número 001 del pasado 8 de febrero de 2010, el Sistema de Alertas Tempranas-SAT de la Defensoría del Pueblo, informa sobre el incremento de los escenarios de riesgo para la población civil el municipio caucano de Caloto por los hostigamientos y ataques armados a la cabecera municipal por parte de las FARC, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, utilización de armas no convencionales, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.