El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortíz, rechaza el asesinato de que fue víctima Argénito Díaz Tapias, líder del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, quien fue obligado a bajarse de un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Mutatá y Carmen del Darién y, posteriormente, recibió varios impactos de bala por parte de un sicario.
Argénito Díaz Tapias era presidente del Consejo Local de Llano Rico, vocal de la Junta del Consejo Mayor de Curvaradó y había sido elegido en la Junta Directiva de ASCOBA (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato) el pasado 12 de diciembre.
En los últimos años, Argénito Díaz tuvo un papel muy activo en las comisiones interinstitucionales que condujeron a la delimitación de predios particulares en territorios colectivos y en la comisión que realizó la delimitación física del territorio (amojonamiento), como paso previo a la entrega material de los territorios colectivos usurpados por particulares. Así mismo, el señor Díaz participó en el proceso de presentación de una acción de tutela para exigir la entrega real y material de los territorios ocupados ilegalmente.
Con el asesinato del señor Díaz Tapias el pasado 13 de enero del año en curso, son cuatro los líderes que han resultado asesinados en esta zona del país, entre ellos Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, Yair Blandón Murillo de 22 años de edad.
Estos asesinatos se presentan en momentos en que el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó ha emitido un fallo de tutela que ordena, en un término de 30 días, la restitución de los territorios colectivos ocupados ilegalmente por parte de trece empresas palmeras, ganaderas y madereras, así como por 28 personas naturales.
El Defensor del Pueblo quiere llamar la atención sobre los señalamientos contra líderes, comunidades, defensores de derechos humanos (no gubernamentales y estatales), y de varios funcionarios del Estado que han participado en el proceso de exigibilidad de derechos en toda la región del Bajo Atrato. Esta circunstancia pone en riesgo la vida e integridad de los actores sociales e institucionales comprometidos en defensa de sus derechos.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, advirtió a través del Informe de Riesgo No. 031 de Diciembre 31 de 2009 sobre el riesgo que se cierne para la vida, la libertad e integridad de la población civil de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá, como consecuencia de los actos de violencia de que son responsables los grupos armados ilegales, especialmente para los habitantes de la de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo en Jiguamiandó; Caño Manso, Caracolí, Camelias, Cetino, Andalucía y Caño Claro en Curvaradó; los Pueblos Indígenas Embera y Embera Katío, en particular las comunidades indígenas del Resguardo de Urada en Jiguamiandó y las comunidades de Marcial Jagual y Pichindé en Truandó; las autoridades del Consejo Comunitario afrodescendiente de La Larga Tumaradó, así como los integrantes de la junta del Consejo Comunitario de Curvaradó, elegida en abril del 2007 y la actual de Jiguamiandó.
Según el informe, el riesgo para la población civil se origina en la presencia de grupos armados ilegales en los territorios colectivos y resguardos indígenas.
El Defensor del Pueblo reitera que la protección y garantía de derechos de las personas que trabajan en la defensa de sus derechos, es responsabilidad de las autoridades del Estado y por ello urge la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrita, con el fin de proteger la población civil.
Igualmente, solicita la puesta en marcha de las recomendaciones consignadas en el Informe de Riesgo No. 031 de 2009.
El Defensor del Pueblo solicita de las autoridades competentes, adoptar acciones de protección para los miembros de la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, por considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las amenazas, intimidaciones y señalamientos recibidos. Es necesario acordar con los mismos amenazados las medidas de protección que se requieran.
La Defensoría del Pueblo insta a los cuerpos de investigación del Estado a realizar los mayores esfuerzos por establecer la autoría de estos crímenes y aplicar sanciones ejemplarizantes para los responsables de los mismos.
Fuente: Tomado de la Defensoría del Pueblo de Colombia
