El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aplaudió la decisión de la justicia argentina que condena a 13 años de cárcel a los responsables de la muerte de seis bolivianos, quienes fallecieron durante un incendio ocurrido en 2006, en un taller de costura clandestino en el vecino país.
La Autoridad, tras conocer de la decisión del Tribunal Oral Criminal N°5, emitió un comunicado público en el que destaca la sentencia contra dos ciudadanos, un boliviano y otro argentino, quienes en su calidad de capataces de la factoría fueron acusados de los delitos de reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte.
Tezanos Pinto lamentó la muerte de Juana Vilca, una joven de 25 años que se encontraba embarazada, del adolescente Wilfredo Quispe Mendoza (15) y de los niños Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).
“La Defensoría del Pueblo saluda la determinación de la justicia argentina que en valoración de los hechos ha condenado y sentado precedentes que sanciona efectivamente los actos de explotación, xenofobia y muerte de otros seres humanos y alienta a las autoridades de la hermana República de Argentina a seguir adelante con acciones que luchan contra la trata tráfico de personas y en general, contra todo tipo de delito que tenga por finalidad disminuir, explotar o esclavizar seres humanos”, señala el comunicado emitido por Tezanos Pinto.
La Autoridad defensorial, además, solicita a las autoridades bolivianas a incrementar esfuerzos para llevar adelante un lucha efectiva contra los delitos de trata y tráfico con fines de explotación laboral en talleres y negocios similares como aquel donde ocurrió el siniestro, así como establecer los mecanismos eficaces de coordinación entre Estados que permitan su protección y, en su caso, su repatriación.
También exige a un permanente seguimiento y acompañamiento a las víctimas de servidumbre o de explotación laboral en el vecino país, a fin de que estos hechos no queden en la impunidad y en el olvido. Esta recomendaciones, acotó, serán remitidas a las autoridades competentes en Bolivia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia
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