Juan Pablo Iragorri fue sentenciado por cargos relacionados con tráfico de drogas, en medio de aparentes irregularidades y arbitrariedades.
La Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe las actividades realizadas con respecto al caso del colombiano Juan Pablo Iragorri, quien fue acusado de narcotráfico y condenado a cadena perpetua en Qatar.
En una carta enviada por el Sistema de Naciones Unidas, en 24 de febrero 2014, al gobierno de ese país, el organismo solicitó información detallada sobre los cargos imputados al instructor de paracaidismo, las razones por las cuales no tuvo asistencia judicial durante más de tres meses, los motivos para prohibir su ejercicio profesional y laboral pese a la restricción para no abandonar el territorio de Qatar y la correspondencia de las medidas legales adoptadas por las autoridades locales con las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Según el documento de la ONU, Iragorri Medina fue detenido por primera vez el 30 de junio de 2011 en medio de un operativo sin aparente orden de captura, con policías vestidos de civil, no identificados y sin que le fueran informados sus derechos como capturado. La misiva indica que el colombiano fue mantenido aislado en condiciones infrahumanas, sin abogado y privado de toda comunicación con sus familiares, quienes durante días acudieron a los consulados de Londres y El Cairo (Egipto) tratando de averiguar por su paradero.
Pese a haber logrado la libertad provisional bajo fianza en octubre de ese mismo año, Juan Pablo Iragorri fue arrestado nuevamente y según, versiones de sus familiares, habría sido sometido otra vez a torturas y a irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la supuesta firma obligada de un documento en árabe, en el cual se declaraba responsable de los cargos en su contra.
En diálogo con la Defensoría, los familiares solicitaron tener mayor información por parte de la prisión en Doha sobre el estado físico y mental en el que se encuentra el señor Juan Pablo Iragorri.
Finalmente, y ante este panorama, la Defensoría también exhorta a la Cancillería para que agote todas las medidas diplomáticas a fin de evitar una injusticia y garantizar los derechos humanos de este ciudadano colombiano.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia