La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a las preocupaciones planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la sociedad civil ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, con motivo de la primera evaluación realizada al Estado mexicano en días pasados.
Al respecto, se hace patente la necesidad de contar a la brevedad con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya figuras como la declaración de ausencia para proteger los derechos de las víctimas y sus familias, la tipificación del delito de desaparición de personas cometida por particulares, así como la articulación en los sistemas y procesos de registro y búsqueda de personas desaparecidas, entre autoridades federales y de las diferentes entidades federativas.
En este sentido, en su oportunidad, las entidades deberán armonizar su legislación local de acuerdo con dicha Ley, por lo que se reconocen los esfuerzos realizados en la materia al impulsar la creación de una Ley en el Distrito Federal. No obstante, ésta debe adecuarse al marco federal que se proponga, mismo que deberá incluir estándares internacionales de los organismos de protección de derechos humanos e integrar las mejores prácticas de búsqueda de personas desaparecidas desarrolladas en otros países.
Asimismo, para que dicha normatividad sea eficaz, deben contemplarse mecanismos adecuados y efectivos para las investigaciones, diligencias mínimas a realizar, mecanismos de prevención, homologación de registros y bases de datos, medidas de protección para víctimas indirectas y testigos, así como mecanismos de reparación. De igual manera, es necesario diferenciar los diferentes casos existentes, para distinguir cuáles corresponden a desapariciones, extravíos o ausencias, a fin de contar con un panorama del diagnóstico de aquéllos casos en los que presuntamente hayan intervenido servidores públicos o terceras personas.
Al respecto, esta Comisión de Derechos Humanos estará atenta al proceso de elaboración y aprobación de la Ley General, anunciada para el mes de junio por el embajador Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
Por otra parte, se reafirma la urgencia de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar peticiones individuales, lo cual contribuirá al combate de dicha práctica.
Finalmente, cabe destacar que este Organismo Público se mantendrá atento a la emisión de las recomendaciones que emita el Comité a México, para darles seguimiento en el marco de sus respectivas competencias.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México