El Defensor del Pueblo Rolando Villena señaló hoy que las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, sobre el Magistrado Cusi han afectado los derechos de todas las personas que viven con VIH en Bolivia y pueden «impulsar una reacción pública de recelo contra esta población y generar un grave retroceso de los avances que habíamos reportado como país en términos de respeto, inclusión y no discriminación».
Asimismo advierte que si se deja en la impunidad la acción del Ministro, «se puede generar la idea que cualquier ciudadano o ciudadana, incluyendo los profesionales médicos, pueden incurrir en esta transgresión en la más completa impunidad y por lo tanto, impulsar al temor y el recelo y por lo tanto al silencio y la autodiscriminación».
Villena incluyó estas afirmaciones en una extensa carta que le dirige al Viceministro de Descolonización Félix Cárdenas, en la que le demanda que tome acciones urgentes e inmediatas contra el Ministro Calvimontes luego que esta autoridad publicitara el nombre de una persona que vive con VIH y afirmara que «es una persona doblemente peligrosa».
«Le solicito muy respetuosamente, pero al mismo tiempo le demando que intervenga Usted de inmediato en este caso, gestionado ante las autoridades que correspondan que se tomen las medias legales y administrativas pertinentes para que el señor Ministro de Salud, sea procesado y sancionado por la comisión de delitos relacionados con la discriminación», señala el Defensor en su carta al Viceministro.
El Defensor señala una serie de argumentos recurriendo a la normativa nacional como la Constitución Política del Estado, la Ley 3729, el Código Penal y la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Asimismo hace referencia a los acuerdos internacionales a los que se adhirió Bolivia respecto a las personas que viven con VHI, entre ellos la «Declaración del compromiso en la lucha contra el VIH SIDA», la «Declaración política sobre el VIH/SIDA», las Directrices internacionales – El VIH/SIDA y los derechos humanos y las conclusiones de la Conferencia Internacional de SIDA. En todas ellas se señalan compromisos y recomendaciones claras sobre la confidencialidad, y el compromiso de prevenir la discriminación y el estigma sobre esta población.
El propio Ministro Calvimontes había advertido sobre la gravedad de la discriminación
En su carta, el Defensor señala que el 31 de marzo de 2014, el Ministerio de Salud emitió el documento «Bolivia: informe nacional de progresos en la respuesta al VIH/SIDA, 2014 – Seguimiento a la Declaración Política sobre el VIH/SIDA» suscrito por el propio Juan Carlos Calvimontes que señala que «la discriminación (contra las personas que viven con VIH) es una violación de los derechos humanos y está prohibida por el Derecho Internacional en materia de derechos humanos». «La discriminación intensifica los riesgos y priva a las personas de sus derechos, limitando el alcance de las intervenciones». » El contexto de la discriminación se acentúa cuando el diagnóstico se hace público, aspecto que se traduce en el hecho de esconder el estatus de VIH generando una suerte de autodiscriminación».
Ese informe pone en evidencia que el Ministro Calvimontes era plenamente consciente de la gravedad de sus declaraciones y la afectación a los derechos de la población que vive con VIH, además varias instituciones nacionales de derechos humanos se pronunciaron explicando pormenorizadamente los graves alcances de sus actuaciones. En ese marco, el Defensor señaló que «incluso una eventual renuncia o destitución al cargo que actualmente ocupa (Calvimontes), no debe tenerse como sanción suficiente frente a la alevosía y premeditación de sus acciones discriminatorias».
La discriminación y el estigma
En su carta, el Defensor hace referencia a la consideración que hace la Agencia de Naciones Unidas ONUSIDA, según la cual «el estigma relacionado con el VIH es un fenómeno multiestratificado que tiende a aprovechar y reforzar connotaciones negativas por medio de la asociación del VIH y el SIDA con comportamientos ya de por sí marginados. Se considera a menudo que las personas que viven con el VIH se merecen su estado VIH-positivo porque han hecho algo «malo». Al atribuir la culpa a individuos y grupos ‘diferentes’, los demás pueden eximirse a sí mismos de reconocer su propio riesgo, afrontar el problema y cuidar a los afectados».
Asimismo, el Defensor señala que «la definición de que alguien es peligroso para la sociedad, implica que su propia existencia o condición debe tenerse por perjudicial e intolerable para la comunidad, lo que en sí misma es una posición discriminatoria y lo es mucho más si esta situación tiene que ver con su estado o condición de salud o por una supuesta determinación respecto a un tratamiento».
La autoridad le recuerda también al Viceministro que en este caso existe una acción de discriminación contra una persona de origen indígena y que esta población «ha sufrido durante centurias los efectos de la discriminación, el racismo y la exclusión, principalmente de autoridades de los gobiernos de turno, políticos, dirigentes y ciudadanos que los denigraron y condenaron solo por su condición y origen».
Finalmente Villena, al insistir en la intervención del Viceministerio de Descolonización en el tema señala que «la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, determina que esta norma no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y que la persona que en ejercicio de la función pública, conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el Artículo 178 del Código Penal».
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia