México se adhirió en 2007 al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
El 10 de octubre se estableció como el Día Mundial contra la Pena de Muerte, gracias al impulso de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, liderado por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para evidenciar que ésta es un castigo cruel, inhumano y degradante, pues implica una agresión física y mental extrema sobre una persona a manos de la autoridad.
Con estas acciones, el Estado legitima el delito de homicidio con todas sus agravantes y reconoce su imposibilidad de encontrar alternativas a la privación de la vida, basadas en derechos humanos. La pena de muerte es un indicador de la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos, como el acceso a la educación, el trabajo, y otros que garanticen procesos de readaptación social.
La pena de muerte es un castigo ineficaz, irreversible e inhumano. En países en los que se continúa aplicando esta pena, no han disminuido los crímenes. Derivado de lo anterior, Naciones Unidas ha concluido que «no es prudente aceptar la hipótesis que la pena de muerte tenga mayor poder disuasorio en relación al homicidio que la amenaza y la aplicación de una sanción supuestamente menor».
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma al llamado de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte para dedicar este 10 de octubre de 2014 a las personas con enfermedades mentales o intelectuales, y promover que no sean expuestas a la pena capital. Particularmente, hace un llamado a combatir su estigmatización en los medios de comunicación y a «no difundir creencias erróneas relativas a los supuestos riesgos que estas personas representan».
La pena de muerte no debe considerarse una herramienta de justicia, porque está en contra de los derechos humanos y no garantiza el derecho a la seguridad ciudadana, por lo que su rechazo como política criminal es cada vez mayor en la comunidad internacional y cada año aumenta el número de países que la eliminan de sus leyes.
En México, el nueve de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que en su Artículo 1° señala que «Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción». Por lo que en México esta pena es inaplicable dentro del marco jurídico y es inadmisible en una sociedad democrática y respetuosa de la dignidad y los derechos humanos de las personas.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México