El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, respecto a la ratificación del Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, realizada por la Asamblea legislativa de El Salvador, el día nueve de enero del presente año, expresa:
Felicita y reconoce positivamente la decisión de las Señoras Diputadas y Señores Diputados que ratificaron este importante instrumento internacional, el cual fortalece el sistema jurídico salvadoreño en orden a garantizar el derecho a la vida y constituye un acto de alta relevancia para desarrollar el principio constitucional de defensa de la dignidad humana, en armonía con la Constitución de la República de El Salvador.
No es la negación de la vida el concepto que detendrá la violencia social y delincuencial, como sostienen los defensores de medidas como la pena de muerte; un Estado democrático está llamado a enfrentar la violencia con políticas participativas, integrales y contundentes, pero respetuosas de los derechos humanos y aplicando metodologías científicas y cooperación multisectorial e internacional. Los castigos ejemplarizantes son ineficaces y generalmente crueles; por ello la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, es un positivo gesto democrático del Órgano Legislativo salvadoreño.
Reconociendo esta acertada decisión legislativa, el Procurador trae a cuenta que el Órgano Legislativo también ventila actualmente la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hago un llamado a los Honorables Diputados y Diputadas para avanzar y concluir el proceso de discusión sobre estos también relevantes instrumentos internacionales en trámite al interior de ese Órgano de Estado.
Asimismo, les insto a retomar la postergada discusión en orden a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, injustificadamente retardado por más de una década, el cual es necesario para coadyuvar a la efectiva aplicación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres así como de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador