La Defensoría del Pueblo considera un hecho histórico y sin precedentes en la lucha por la defensa y el reconocimiento de los Derechos Humanos en el país a la aprobación definitiva de la «Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de DDHH y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 13 de diciembre de 2008» que fue presentada a la Asamblea Nacional por iniciativa de nuestra institución a partir de la propuesta elaborada por la Comisión de la Verdad.
Durante muchos años, las víctimas y familiares de víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos han demandado su derecho a obtener una reparación integral y oportuna por todo el daño sufrido, por lo que esperamos que esta Ley se constituya en un mecanismo efectivo que permita restablecer su dignidad y su calidad de vida, además de ser un elemento adicional que permita asegurar que nunca más hechos como estos se repitan en nuestro país.
Las víctimas de casos de tortura, violencia sexual o privación ilegal de la libertad enfrentan graves problemas en su salud, en su inserción social, laboral y familiar, como consecuencia de las graves violaciones sufridas, no se diga en los casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, en donde, además de la perdida de una vida se producen una serie de consecuencias negativas en la vida de sus familiares. En muchos casos, además las víctimas pierden bienes que disponían, dejan de percibir ingresos que si no hubieran padecido las violaciones seguramente hubieran recibido. Todo esto afecta, además, su proyecto de vida, que probablemente de otra forma hubieran podido realizar, por lo que, todo Estado se encuentra en la obligación de hacer su mejor esfuerzo para que las víctimas superen dichas consecuencias.
Para todo ello era fundamental la creación de un programa administrativo de reparación integral como el que ha sido aprobado, el mismo que contribuirá a que las víctimas y sus familiares superen las consecuencias de las violaciones de derechos humanos en sus vidas.
Estamos convencidos que la Ley de Víctimas será un elemento fundamental dentro de este proceso en el que como sociedad hemos puesto a prueba nuestra soberanía, así como la determinación y capacidad de nuestras instituciones para internamente esclarecer, sancionar y reparar las graves y lamentables violaciones que fueron denunciadas en el Informe «Sin Verdad No Hay Justicia» de la Comisión de la Verdad.
Quito, 29 de noviembre 2013
Ramiro Rivadeneira Silva
DEFENSOR DEL PUEBLO
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador