Ante el silencio y la ausencia de una respuesta de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa al pedido de la Defensoría del Pueblo de realizar una evaluación interinstitucional sobre varios hechos vinculados a la vulneración de derechos y la falta de seguridad y protección que existe en recintos militares, su máxima autoridad, Rolando Villena, decidió acudir y solicitar al presidente de la Asamblea Legislativa, Alvaro García Linera, su intervención para que instruya a la instancia que corresponda, llevar adelante acciones integrales para velar por los derechos humanos al interior de la entidad castrense.
«La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos y la recepción en nuestra institución, de más de 300 denuncias de vulneración de derechos, algunas de ellas referidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, en los últimos tres años», señala en su nota.
Acota en su misiva que la preocupación de la Defensoría del Pueblo va mucho más allá de la necesidad de investigar y sancionar estos hechos, que no son aislados y parecen responder a una forma profundamente arraigada de ejercicio de la violencia que aparentemente se mantiene en la formación y la conducta en nuestros cuarteles.
Villena remitió varias notas solicitando al Comandante en Jefe de las FFAA para sostener una reunión antes varios hechos en los que fallecieron miembros de la institución, lo que parece indicar la ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección de la seguridad y la vida de quienes se encuentran cumpliendo con su debe en la entidad castrense. Ante la negativa del Jefe Militar, recurrió al Ministro de Defensa; sin embargo esta autoridad, no obstante que había fijado una fecha para sostener una reunión para hablar del tema, la suspendió y tras ello guardó silencio hasta la fecha.
«Han pasado casi cuatro meses de infructuosa espera y en ese tiempo, lamentablemente, nuevas evidencias vuelven a mostrar al país que el problema subsiste y que nada han hecho las autoridades civiles y militares para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los bolivianos y bolivianas que se encuentran sirviendo a la patria en los recintos militares, bajo custodia y responsabilidad de las Fuerzas Armadas», manifestó Villena.
El Defensor hizo referencia a los casos del soldado Carlos Daniel Loza, el subteniente Óscar Gironda Porres, el suboficial Willy Yujra Mamani y el Alférez Emanuel Cussi Suxo quienes murieron en diferentes circunstancias, además del conscripto Freddy Rodriguez quien sufrió torturas y tratos degradantes e inhumanos en un puesto militar de Atocha.
Adicionalmente a estos hechos, indico, la Defensoría del Pueblo ha recibido en estos cuatro meses 57 denuncias por vulneración de derechos cuyos presuntos responsables eran miembros de instituciones o unidades militares; 24 de ellas fueron admitidas. «Admitimos 13 denuncias que tenían como víctimas a conscriptos o estudiantes; Siete casos tenían que ver con el derecho a la dignidad, a no sufrir tratos crueles y derecho a la vida», agregó.
Informe sobre la muerte del subteniente Ceooly Espinal
El Defensor del Pueblo presentó además el informe defensorial sobre la muerte del subteniente Ceooly Espinal, ocurrida en febrero de este año durante su permanencia en la Escuela de Cóndores (Esconbol), hecho sobre el que la institución realizó una verificación identificando que hubo afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida. De acuerdo al informe, se evidencia ausencia de auxilio médico oportuno y falta de personal médico calificado para establecer un correcto diagnóstico.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia