Al menos el 97% de los 96 periodistas y profesionales del derecho que perdieron la vida en forma violenta durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo, siguen en la impunidad, reveló un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (C0NADEH).
Ramón Custodio, titular del CONADEH, lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como la labor que realizan los periodistas, se haya convertido, en los últimos años, en ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen.
De acuerdo al informe, en lo que va de la presente administración, 67 profesionales del derecho y 29 periodistas y comunicadores sociales, perdieron la vida en circunstancias violentas en diversas regiones del país y sólo en cuatro casos los victimarios fueron sentenciados.
Sólo un victimario tiene sentencia condenatoria
Custodio se refirió a que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales.
Considera que la violencia contra periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado y la corrupción.
Mencionó para el caso que cuando un periodista muere violentamente no sólo se violenta el derecho a la vida sino que al final se afecta igualmente la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la de informar adecuadamente.
Relacionó, que ante esa situación de violencia, el periodista y el medio empieza a tener temores porque no sabe qué es lo que puede exponerlo ante un peligro, tal como está sucediendo en el país.
En su criterio, cuando un sistema o una parte del Estado sabe que hay un problema y continúa tolerándolo y lo sigue permitiendo, es lo que jurídicamente se llama ahora la tolerancia o la aquiescencia del Estado.
Honduras registró entre el 2010 y julio del 2013 la muerte violenta de 29 periodistas y comunicadores sociales, cifra que representan el 81% de los 36 que murieron desde el año 2003.
De los 36 casos registrados, desde noviembre del 2003 a la fecha, apenas uno ha sido objeto de sentencia condenatoria.
El 11 de septiembre de 2012, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a Jonathan Cockborn Delgado, a purgar una pena de 28 años de cárcel por los delitos de homicidio simple y robo cometido en perjuicio del periodista Georgino Orellana, hecho ocurrido el 20 de abril de 2010.
Sin embargo, hay 35 (97%) casos en los cuales los responsables están gozando de impunidad, con lo cual queda demostrado que Honduras sigue siendo un país sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios, señaló Custodio.
El estudio del CONADEH arroja entre otros hallazgos que 32 comunicadores sociales, que representan el 89%, fueron ultimados con arma de fuego, uno con arma blanca, dos estrangulados y uno que se desconoce el tipo de arma que usaron para quitarle la vida
67 abogados muertos, cuatro victimarios sentenciados
Es deber del Estado hondureño, dijo Custodio, garantizar que los profesionales del derecho realicen su labor sin ningún tipo de intimidación y que cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, es deber de las autoridades brindarles la protección para salvaguardar su integridad física y su vida.
Sostuvo que al igual que la labor que realizan los periodistas, el ejercicio del derecho también se ha convertido, en los últimos años, en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
De allí que, en los últimos años, varios profesionales del derecho, han sido objeto de amenazas, atentados, persecuciones y asesinatos.
Del registro pormenorizado que realizó el CONADEH se destaca que en lo que va de la presente administración murieron en circunstancias violentas 67 abogados de los cuales alrededor del 97% de los casos se encuentran en la impunidad.
Entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta hay especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias y de instituciones del Estado y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes. Otros fueron ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma o en la vía pública.
Casos de victimarios de abogados con sentencia condenatoria
De acuerdo al CONADEH, tres casos de abogados asesinados fueron resueltos y sus victimarios, entre ellos tres miembros de la policía, recibieron sentencia condenatoria.
En el 2012, la Sala Cuatro del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a dos policías a purgar una pena de 20 años de cárcel por el delito de asesinato en perjuicio del abogado Oscar Mejía Villafranca, ocurrido el 06 de marzo de 2009.
Ese mismo año, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a Nelson Ubaldo Rivera Oviedo a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple en perjuicio del abogado y pastor evangélico Carlos Roberto Marroquín, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2011 en la Col. Aurora de San Pedro Sula.
En mayo del 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable a un ex detective de la Dirección Nacional de Investigación Criminal por el asesinato cometido contra el coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Enrique Reyes, registrado en la aldea Rio Nance de Choloma, el 27de mayo de 2011.
La impunidad y sus causas
El defensor de los derechos humanos explicó que la impunidad consiste en dejar sin castigo y sin pena a quien comete un delito, sea éste de orden público o privado.
Señaló que esta situación es motivo de mayor preocupación cuando un Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a más personas asesinadas.
Custodio considera que la entrada e invitación para que el delincuente continúe delinquiendo es la impunidad, misma que no es resultado de una sola causa.
Explicó que en Honduras la impunidad empieza porque el delito no es debidamente investigado por dos de los competentes del sistema de justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía.
Agregó que cuando no se investiga ni se presentan las pruebas adecuadamente, no se sabe si la falla es del policía o del fiscal pero al final se le echa la culpa al juez y debemos entender que el juez para juzgar y sentenciar tiene que tener pruebas.
De allí que cuando no existen las pruebas de convicción debidamente trabajadas contra una persona detenida, el juez se ve obligado a ponerlo en libertad.
Lo esencial, dijo Custodio, es que cada uno de los componentes de justicia funcione adecuadamente, porque cuando uno de ellos no funciona se echa a perder todo el sistema de justicia.
Añadió que los componentes del sistema de justicia penal, deben de funcionar eficientemente para tener resultados eficientes.
Reiteró que la impunidad es una manera de estimular la comisión de delitos, porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se le castigue y se juzgue adecuadamente, prácticamente se le está diciendo, siga delinquiendo sin el menor riesgo posible.
Fuente: CONADEH