Reiteramos y sostenemos que los linchamientos no pueden ser considerados propios de una cultura, clase social o grupo específico; los linchamientos no son justicia comunitaria ni pueden escudarse tras ningún argumento sociológico, político, cultural o ideológico; los linchamientos vulneran el principio elemental del derecho a la vida.
Nuevamente los bolivianos y bolivianas nos hemos visto consternados por la acción de un grupo masivo de vecinos que, esta vez en la localidad de Eterazama en el Chapare, han torturado y linchado a un presunto delincuente, pese a las infructuosas gestiones previas al hecho y los desesperados llamados a la calma y la cordura que hicieron la policía, los representantes del Ministerio Público y nuestros delegados de la Defensoría del Pueblo, que se vieron rebasados por la acción conjunta de una multitud cegada por la rabia, la desconfianza y la irracionalidad.
Tanto la Defensoría del Pueblo como diversas organizaciones de derechos humanos, hemos alertado constantemente sobre la extensión y la naturalización de esta práctica que muestra su cara más visible en hechos de sadismo, crueldad y violencia, que compiten en la saña, con la que muestran los criminales más avezados y que nos está llevando a una espiral fratricida que responde a la violencia con más violencia.
Hemos reclamado y demandado que se acabe con la impunidad que rodea a estos hechos. Ya son cientos de casos que no han encontrado ninguna respuesta en el sistema de justicia, y la mayoría de ellos han quedado en la sombra de la duda respecto a la culpabilidad o inocencia de los asesinados, torturados y heridos. Lamentablemente, el Estado, las autoridades nacionales locales e incluso las organizaciones sociales que los conocen, no están haciendo nada para sancionarlos y aún para prevenirlos. Y mucho tememos que este caso siga también el mismo camino.
Reiteramos y sostenemos que los linchamientos no pueden ser considerados propios de una cultura, clase social o grupo específico; los linchamientos no son justicia comunitaria ni pueden escudarse tras ningún argumento sociológico, político, cultural o ideológico; los linchamientos vulneran el principio elemental del derecho a la vida, a un juicio previo y a la integridad, pero sobre todo nos están mostrando una ausencia de sentido de la ley, la convivencia, el respeto y el orden instituido.
Desde nuestro mandato vamos a hacer seguimiento al proceso de investigación de éste y de otros casos que hemos conocido, y aún tenemos la esperanza que el Estado, el sistema judicial y la propia comunidad, asuman las medidas sancionadoras que corresponden. Pero también comunicamos que se ha instruido hacer una investigación especial para determinar si como país estamos tomando en cuenta las recomendaciones sobre este tema que se han emitido desde organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia