La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitió la Recomendación 55/2012, dirigida al gobierno de Nuevo León y al Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en esa entidad, por un caso de víctima de desaparición forzada.
Un ciudadano, que a la fecha se encuentra desaparecido, fue detenido arbitrariamente y privado de su libertad ilegalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal, primero y posteriormente por miembros de la Agencia estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Los policías municipales arrestaron sin razón aparente al agraviado cuando se encontraba abordo de un vehículo estacionado frente a una tienda de autoservicio; fue asegurado y subido a una patrulla y llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal.
En su informe, los uniformados refieren que en ese lugar, el agente ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones les informó que un comandante adscrito a la Coordinación General Operativa de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría estatal, había indicado que se haría cargo de la víctima y de su vehículo.
Por esa razón los preventivos lo llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial, donde lo entregaron de manera informal e ilegal; ahí se solicitó su traslado a las instalaciones en la ciudad de Monterrey, debido a las sospechas que tenían de que el ciudadano podría tener nexos con el crimen organizado.
En la Agencia Estatal de Investigaciones de Monterrey se verificó que no tenía antecedentes delictivos, ni existía alguna orden de aprehensión por cumplir; sin embargo, para salir de dudas lo trasladaron a la base temporal de operaciones de la Secretaría de Marina.
Ahí permaneció sólo 20 minutos ya que tampoco encontraron antecedentes que justificaran su permanencia en el lugar, por lo que fue invitado a retirarse. Ya en libertad, la autoridad ministerial argumenta que le ofreció llevarlo a su domicilio, a lo que el agraviado se negó y decidió irse por su propia cuenta abordando un taxi; ese fue el último momento en el que manifiesta haber tenido noticia de él, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Sin embargo, la Comisión Nacional recabó evidencias que acreditan que tanto el agente ministerial en cuestión, como su superior, tenían información sobre el estado de la víctima, días posteriores a su desaparición. Los familiares y su abogado manifiestan que al pedir a dichas autoridades información respecto a la víctima, tres días después de su desaparición, los mismos indicaron que debían permanecer calmados pues el muchacho estaba bien, pero su situación estaba pendiente de resolverse.
Así, del análisis realizado al conjunto de evidencias, la Comisión Nacional confirmó que las conductas de los policías configuraron violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada del agraviado; asimismo se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares.
Por ello, la Comisión Nacional en su Recomendación 55/2012, solicita al gobierno de Nuevo León se realice una búsqueda efectiva, con el objeto de lograr la localización inmediata y la presentación de la víctima.
Se tomen las medidas necesarias para otorgar la indemnización correspondiente a fin de reparar los daños ocasionados a su esposa, por la desaparición forzada de la víctima, y además se les otorgue, a ella y a los familiares del desaparecido, la atención médica y psicológica necesaria para atender su estado emocional; y una beca completa a la hija de ambos, hasta que termine sus estudios superiores.
Al gobierno estatal y a los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, colaborar ampliamente con la CNDH en el trámite de las quejas que promueva ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, su Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Municipal, en contra de los elementos que intervinieron en los hechos.
Instruir y capacitar al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Municipal, de abstenerse de ocultar información concerniente al paradero y a la situación jurídica de las personas bajo su custodia, ni llevar a cabo detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas.
Dar impulso y seguimiento al análisis de las iniciativas sobre la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación del estado de Nuevo León, que se encuentran en estudio en el Congreso del Estado. La Recomendación 55/2012 puede ser consultada en la página web www.cndh.org.mx
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México