Ante la muerte de 14 personas calcinadas, que se encontraban internadas en el Centro de Rehabilitación «Sagrado Corazón de Jesús», debido a un incendio cuyas causas se vienen investigando, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, señaló que «no se pueden tolerar más muertes y que se deben asumir las responsabilidades correspondientes».
Recordó que hace casi cuatro meses ocurrió la tragedia en el Centro de Rehabilitación «Cristo es Amor», que costó la vida de 30 personas. Pero, a diferencia de este caso, el Centro de Chosica contaba con todas las autorizaciones, incluso fue visitado por personal de la Dirección de Salud Lima Este, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad. Sin embargo, este centro no habría sido fiscalizado en lo que respecta al tratamiento, respeto de los derechos humanos y condiciones de internamiento.
Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, refirió que «esta tragedia demuestra que el funcionamiento irregular de estos centros no es el único problema, sino la escasa oferta de servicios y la poca o nula fiscalización por parte de las autoridades de salud hacia estos centros de atención».
Pineda refirió que en algunos centros se dan tratamientos crueles, inhumanos y degradantes para las personas que sufren adicciones, quienes – en su mayoría- son internadas sin su consentimiento y encerradas para evitar que se escapen.
Asimismo, indicó que se ha conformado una Comisión Multisectorial para elaborar un reglamento que precise de mejor manera la labor de fiscalización, que se encuentra por concluir sus funciones. No obstante, remarcó que –en tanto se apruebe este nuevo dispositivo-, existen normas que obligan a las Direcciones de Salud – DISA, que cumplan su labor de fiscalización, más aún si han autorizado el funcionamiento de los centros.
Cabe recordar que para la existencia un centro de rehabilitación se requiere como mínimo que cuenten con la inspección de Defensa Civil, que tengan licencia de funcionamiento de la Municipalidad Distrital y que el MINSA supervise el tratamiento que ofrecerán a los pacientes.
Según señala la Nota Informativa N° 126, elaborada por la Policía Nacional, las personas internadas no pudieron salir de sus habitaciones porque las puertas estaban con candado, lo que evitó que pudieran escapar y con ello salvar sus vidas. Esto demuestra que no habrían estado recibiendo condiciones adecuadas de tratamiento.
Hace unos días, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llamó la atención al Estado peruano y recomendó respetar el derecho al consentimiento informado e internamiento voluntario de las personas con discapacidad y, de aquellas que tienen problemas de salud mental como consecuencia de las adicciones.
La Defensoría del Pueblo exige una investigación de los hechos que establezca las responsabilidades de los dueños de este centro de rehabilitación, así como de las autoridades encargadas de la labor de fiscalización.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú