En México las desapariciones forzadas se han dado de manera reiterada por lo menos a partir de la denominada Guerra Sucia de los años 60s, 70s y 80s. Se afirma que la desaparición forzada violenta todos los derechos humanos de personas víctimas, pues en principio pierden su libertad, su entorno ordinario y cotidiano, la separación de su familia y su vida está amenazada, lo que provoca una permanente perturbación psicológica por la violencia latente de tratos crueles, inhumanos y degradantes, perdiendo en este acto todos sus derechos y en la mayoría de los casos, el derecho a la vida.
Ante tal problemática el Gobierno de México invitó en el año 2011 a la Organización de las Naciones Unidas a buscar en conjunto una forma de solución, por lo cual, se asigno a un grupo de trabajo con el objetivo de conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adaptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad; y que el día de hoy concluye con el denominado «Informe de Misión a México realizado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias», el cual es presentado a través de su Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, en coordinación con el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero Lic. Juan Alarcón Hernández.
En dicho documento se reconoce los diversos esfuerzos realizados por México en materia de Derechos Humanos, así como los desafíos planteados por la compleja situación actual en materia de seguridad pública que tiene lugar en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Javier Hernández Valencia, aseguró que «México debe seguir trabajando para lograr hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas de desaparición forzada».
Así mismo, expresó que se formula una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Entre otras recomendaciones se destacan, que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas la entidades federativas y la armonización de la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes; garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; garantizar el derecho a la represión integral a las víctimas de la desaparición forzada.
En su intervención el ombudsman Juan Alarcón, dijo que «la ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el Estado de Guerrero Núm. 569 del 14 de Octubre de 2005, es una herramienta importante para la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada; es un instrumento importante que para su eficacia, se requiere de una coordinación plena entre las autoridades de Seguridad Pública y la propia Comisión de Derechos Humanos».
Expresó que las observaciones y señalamientos que forman parte de este informe son claros y elocuentes, así como las recomendaciones insertadas, las cuales deben de motivar a analizar un tema que es preocupante para la sociedad mexicana en su conjunto, asunto que no es menor pues se refiere a las políticas públicas que deben definirse y aplicarse en el tratamiento adecuado de un delito reconocido como lesa humanidad.
Finalizó diciendo que «es importante resaltar la preocupación del grupo de trabajo sobre la situación de aquellos defensores de los derechos humanos cuyo actual paradero se desconoce, casos como el de Eva Alarcón, Marcial Bautista y de varios periodistas guerrerenses entre otros».
En el acto realizado en el auditorio del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guerrero, estuvieron presentes la Vicepresidenta de Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) Sra. Tita Radilla Martínez; el académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Dr. Enrique González Ruiz; el Secretario Gral. del Gobierno del Estado de Guerrero, Lic. Humberto Salgado Gómez, así como el encargado de Despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado Dr. Juan Manuel Herrera Campos; entre otras distinguidas personalidades.
FUENTE: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero