El Ayuntamiento de Vista Hermosa, rechazó una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por detención ilegal, abuso de autoridad, tortura y ejercicio indebido del servicio público cometidos por policías municipales.
En mayo del 2010 se presentó en la Visitaduría Regional de Zamora el señor Pablo Torres González para levantar queja en contra de elementos policiacos del municipio de Vista Hermosa por golpear a sus nietos en la comunidad del Coenqueño.
En su declaración relató que el día nueve de mayo, entre las 17 y 18 horas, sus nietos se encontraban de visita en la casa de su hermana y que de pronto se presentaron elementos de la policía de Vista Hermosa, quienes sin mediar palabra o explicar el motivo los detuvieron y se los llevaron a bordo de una patrulla a barandilla.
Agregó que en las instalaciones de seguridad pública los policías los condujeron a barandilla, donde empezaron a insultarlos, a golpearlos y a lanzarles gas lacrimógeno. Al enterarse de los hechos se presentó en el lugar, pero le fue negado el acceso y fue hasta el día siguiente, aproximadamente a las 10 horas que los dejaron salir, luego de pagar una multa de seiscientos pesos.
Como resultado de esta acción, Martín Torres Cruz, uno de los afectados, presentó fractura de nariz que lo mantuvo incapacitado para trabajar, por lo que el señor Pablo Torres se presentó ante el Síndico Municipal, quien le ofreció 20 mil pesos, cantidad que no aceptó, pues solo la operación tuvo un costo de 18 mil pesos.
La Visitaduría Regional de Zamora notificó a la Presidenta Municipal de Vista Hermosa de los hechos ocurridos y la exhortó a resarcir los daños. En respuesta, el Síndico Municipal, en representación de la alcaldesa, compareció ante la propia Visitaduría en donde negó lo ocurrido y se deslindó de toda responsabilidad; a pesar de las constancias médicas que acreditaban las lesiones provocadas por los golpes recibidos.
Por estos hechos la CEDH giró la recomendación 005/2011 dirigida a la presidenta municipal de Vista Hermosa, María Guadalupe Arias Alvarado, a fin de que se iniciara procedimiento administrativo en contra del comandante Enrique Baeza y elementos de la policía municipal implicados en estas acciones; además de cubrir al quejoso los gastos médicos correspondientes.
Aunque la recomendación fue aceptada no se cumplió en su totalidad, por lo que se procede a su publicación de acuerdo al artículo 102 de la Ley que rige a este organismo
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán