Inculpado continúa en libertad y ejerciendo la docencia. Además falta a diligencias judiciales aduciendo problemas de salud.
El jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Pier Paolo Marzo, exhortó a la Corte Superior de Justicia de esta zona del país, emitir la sentencia del proceso que se le sigue, desde el año 2004, a un docente de la Institución Educativa de Parara, distrito San Francisco de Cayrán por la supuesta violación de una menor de 12 años de edad.
El funcionario manifestó que de acuerdo al testimonio de la víctima, la violación se produjo hace siete años en las instalaciones de la dirección del referido centro de estudios, tras lo cual dicho docente fue denunciado y desde el 2006 su caso se encuentra en manos de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco a la espera del fallo.
Por ello, insistió en recordar a dicha Sala su deber legal de valorar como prueba principal la declaración de la agraviada, así como evaluar de manera integral las pruebas efectuadas durante el proceso. Sostuvo que la violación sexual contra los menores de edad no sólo vulnera la vida, la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes, sino que trunca su proyecto de vida.
Dijo que la ausencia de una sentencia sobre la responsabilidad penal del presunto violador constituye para la ciudadana, quien actualmente es mayor de edad, la vulneración de su derecho al acceso a la justicia y podría generarle incluso al Estado peruano responsabilidad internacional.
Marzo indicó que, mediante oficio N°715-2011-DP/HCO la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, emitir el fallo correspondiente al mencionado proceso por violación sexual iniciado siete años atrás.
Respecto al inculpado, quien se encuentra gozando de su libertad y que no se habría presentado en más de una ocasión a las citaciones judiciales, alegando problemas de salud, el funcionario sugirió a las autoridades comprobar la veracidad de dichas justificaciones, así como sancionar las inasistencias injustificadas a las diligencias del proceso penal.
Del mismo modo, ha solicitado información a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huánuco sobre los motivos por los que, en contravención con la Ley 29011, no se ha separado al procesado de la docencia.
FUENTE: Defensoria del Pueblo de Perú