La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, ve positiva la intención de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado, de impulsar la propuesta para tipificar el delito de desaparición forzada.
La semana pasada se publicó en los medios de comunicación que la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado informó que en un plazo de 15 días serán llevadas al pleno las reformas al Código Penal para tipificar esta conducta.
La Ombudsman estatal destacó la trascendencia que esta reforma tendrá, pues al estar dicha conducta plurilesiva de los Derechos Humanos incluida en los estándares internacionales, su incorporación al Código Penal del Estado representa un importante avance en la armonización del marco jurídico local con importantes convenciones internacionales en la materia.
“Es un paso más hacia el respeto de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. La desaparición forzada está reconocida como una grave violación a diversos Derechos Humanos tanto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en su segundo artículo, como en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, también en su artículo dos”, expresó.
Martínez Garza agregó que la decisión del Gobierno Federal de retirar una reserva relacionada con el fuero de guerra a la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas es también un paso positivo, pues permitirá que los militares que cometan este delito puedan ser juzgados por un tribunal civil.
“El anuncio del proceso de retiro de la Reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es consecuencia directa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, en la cual los jueces interamericanos consideraron inválida dicha Reserva por desconocer el derecho humano al juez natural”, explicó la Presidenta de la CEDH. “Es decir, tratándose del delito de desaparición forzada, su investigación y sanción no puede ser competencia de la justicia penal militar, sino de un tribunal ordinario”.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado Nuevo León