Un insuficiente número de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) –que no garantiza la seguridad ciudadana en el distrito de La Victoria– detectaron esta mañana varios comisionados de la Defensoría del Pueblo, tras la supervisión de la Comisaría Apolo y el Puesto de Auxilio Rápido de Gamarra, a propósito de las denuncias y quejas recibidas por esta institución por actos contra el patrimonio, cometidos incluso por niños, que afectan a los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra y calles aledañas.
Al abordar este tema, Imelda Tumialán, Jefa del Programa de Derechos Humanos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, señaló que en la supervisión de dicha comisaría se puso en evidencia la alta incidencia delincuencial en la zona y que, en el caso de infracciones a la ley penal cometidos por menores de edad, se le informó que se han registrado seis investigaciones policiales en lo que va del año 2011.
Por otro lado, la Jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Revollar, dijo que la institución ha intervenido de oficio en vista de las denuncias de los comerciantes que se sienten afectados por los constantes robos en sus tiendas. La funcionaria agregó que la población demanda que el Alcalde de la Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, instale las 14 cámaras de seguridad que ofreció en la reciente campaña municipal. “Esta tarde, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al burgomaestre de este populoso distrito que nos informe, a la brevedad posible, sobre las medidas que está adoptando para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, hemos solicitado que se nos remita un informe detallado sobre las acciones que se haya previsto implementar a futuro para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir los actos delincuenciales en la zona”, sostuvo la funcionaria.
Asimismo, dijo que el niño que comete infracción a la ley penal le corresponde medidas de protección y ante la ausencia de familia es el Estado el que debe asumir la protección de estos niños, que son utilizados por personas inescrupulosas para cometer delitos, ya sea colocándolos en programas oficiales o comunitarios de defensa, incorporándolos en una familia sustituta o acogiéndolos en centros de atención residencial (albergues).
Finalmente, la funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo se encuentra configurada como un organismo constitucional encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como de la supervisión del cumplimiento de deberes de la administración estatal y los servicios público.
FUENTE: Defensoría del los Pueblo del Perú.