COLOMBIA: Defensor del Pueblo reclama liberación de cuatro trabajadoras sociales

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, pidió este martes la liberación inmediata de cuatro mujeres vinculadas a programas de derechos humanos que impulsa la Gobernación de Norte de Santander, la Vicepresidencia de la República, la Organización Internacional para las Migraciones- OIM y la Fundación Progresar, quienes fueron privadas de la libertad entre el jueves 8 y el viernes 9 julio de los corrientes por presuntos miembros del ELN en el corregimiento de San Juancito, jurisdicción del municipio de Teorama, en la provincia de Ocaña, en Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo confirmó que una de las personas privadas de la libertad el 8 de julio fue la señora MARIA ANGELICA GONZALEZ CARREÑO, Coordinadora del Proyecto Comunidades en Riesgo del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que coordina la Vicepresidencia de la República.

Igualmente, La Defensoría del Pueblo obtuvo información en el sentido de que en el mismo corregimiento de Sanjuancito el pasado viernes 9 de julio en las horas de la madrugada, fueron privadas de la libertad las señoras LISBETH JAIMES JAIMES, abogada, NORA GUERRERO y MONICA DUARTE RODRIGUEZ, quienes prestan sus servicios para la Fundación Progresar en la Provincia de Ocaña, que promueve procesos de capacitación en derechos humanos en esa región del país.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, le hace un llamado a sus captores para que se respete el derecho a la vida y la integridad personal de las personas retenidas de manera ilegal presuntamente por integrantes del ELN-por confirmarse-, quienes adelantaban actividades de capacitación en derechos humanos con comunidades en el municipio de Teorama.

La Defensoría Regional de Ocaña, asimismo, indicó que ni los familiares ni las autoridades locales han podido establecer plenamente la identidad del grupo armado ilegal que realizó el plagio de las cuatro mujeres.

La Defensoría del Pueblo recuerda a sus captores que el secuestro de civiles constituye un crimen de guerra que viola gravemente el derecho internacional humanitario que tiene por propósito sustraer a la población civil de la dinámica de la confrontación armada.

FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia.