La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, acudió ante la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso para presentar los resultados de la investigación de este organismo en torno al desalojo registrado en la Col. Industrial el 8 de abril pasado.
En un acto que demuestra la credibilidad y confianza en torno al funcionamiento de la CEDH, lo que agradeció la Ombudsman estatal, las diputadas y diputados escucharon las conclusiones de la Comisión, entre las que se encuentra que los elementos policíacos agredieron y lesionaron físicamente a personas que fueron desalojadas, con un uso ilegítimo de la fuerza.
Además, se comprobó que se efectuaron detenciones arbitrarias por parte de los mismos servidores públicos. Martínez Garza informó que durante esta investigación se recabaron seis quejas a partir del 8 de abril pasado.
Asimismo, se practicaron 5 revisiones médicas a los afectados, que derivaron en la realización de dictámenes correspondientes. Señaló que desde el primer día se puso en marcha el Programa Integral de Atención a Víctimas, donde se realizó trabajo de campo por parte del personal legal de trabajo social, quienes entrevistaron a 25 miembros de las familias afectadas del suceso y les proporcionaron asistencia legal y social.
Las seis personas que interpusieron quejas en la CEDH, entre quienes había menores de edad, coincidieron en que los policías que participaron en este operativo los golpearon provocándoles lesiones físicas compatibles con el uso indebido de la fuerza. Esto fue demostrado fehacientemente por los dictámenes médicos que fueron practicados por personal pericial de la CEDH.
La Ombudsman del Estado dijo que se comprobaron los siguientes actos violatorios: Violaciones al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Detención Arbitraria, Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, y Violaciones a los Derechos del Niño.
Además, se comprobó también la Violación del Derecho de los Menores a que se Proteja su Integridad, Lesiones y Prestación Indebida del Servicio Público.
Los instrumentos internacionales aplicados en este caso fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
Por todo lo anterior, la Presidenta de la CEDH presentó a los legisladores el proyecto de dos recomendaciones dirigidas al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Director de la Academia Estatal de Seguridad Pública.
En estas recomendaciones se solicita que se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los policías y sus jefes que participaron en este desalojo, al haberse comprobado las violaciones a los derechos humanos. También que se dé vista de esta resolución al Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Electorales y de Servidores Públicos para que inicie la averiguación previa correspondiente en contra de los elementos de policía y cadetes que participaron en estos hechos por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Otra de las recomendaciones que hizo Martínez Garza fue la de elaborar una iniciativa de Ley Estatal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, lo cual tomaron en cuenta los presidentes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y de Desarrollo Social y Derechos Humanos, César Garza Villarreal y María de Jesús Huerta, respectivamente.
En la reunión estuvo también el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente del Grupo Legislativo del PRI, quien forma parte de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso.
FUENTE: CEDH de Nuevo León.